La mafia conducida por José Pedraza continúa metida hasta la médula en la gestión del sistema ferroviario. Sus personeros participan de los actos oficiales junto a la Presidenta, ministros, gobernadores, intendentes y empresarios. Sus matones continúan apretando y amenazando testigos.

Ferrobaires

Humberto Martínez, secretario adjunto de la seccional Escalada de la Unión Ferroviaria y hombre de la burocracia en Ferrobaires, es denunciado como una de las patas fundamentales de un fraude laboral multimillonario, el cual salió a la luz a partir de la denuncia de un trabajador que figuraba como empleado de la empresa desde 2005 sin su conocimiento. Se calcula que habría entre 400 y 800 trabajadores “fantasma”, con salarios promedio de ocho mil pesos, cuyas tarjetas de débito se encuentran en poder de gerentes y elementos de la burocracia. Como señala el periodista Diego Rojas, el registro fraudulento “requiere de la participación de funcionarios de jerarquía de la empresa que los documenten como empleados, les inicien legajos y tramiten las tarjetas de débito correspondientes” (“Ferrobaires: los ñoquis de la mafia”, plazademayo.com, 25/6). El fraude se extiende también al otorgamiento de créditos de la mutual ferroviaria a empleados inexistentes, cuando “para que cualquier afiliado concrete una operación similar se exige la presencia de titular y garante en la sede del gremio, lo cual muestra que estas operaciones se hacían en complicidad con funcionarios de dicha mutual” (causaferroviaria.blogspot.com). Ferrobaires es, además, un panal de matones a sueldo que ocupan cargos gerenciales. “Chuly” Carruega, por ejemplo, quien “colaboró” en el desalojo del Parque Indoamericano, era, hasta hace pocas semanas, gerente de “Atención al Cliente”. Fue apartado de su cargo luego de unas denuncias judiciales por agresión que le hicieron un grupo de trabajadores ferroviarios de Mar del Plata. Poco antes de partir, él y siete guardaespaldas atacaron a otro gerente en el baño de la empresa.

En febrero, el gobernador Daniel Scioli intervino Ferrobaires a raíz del choque de convoyes que dejó cuatro muertos y 116 heridos. Puso al frente a un socio del vaciador serial Sergio Taselli, Antonio Maltana, quien es señalado como “hombre del Gallego Fernández”. “Maltana dijo que éramos, como se dice en el barrio, del mismo palo”, lo describió Martínez. De acuerdo con testimonios de los trabajadores, “el interventor Maltana sabe de la corrupción, del grupo de choque patotero y no hace nada”.

Belgrano Cargas

El Belgrano Cargas es una empresa gerenciada en sociedad por Benito Roggio, Franco Macri, la Unión Ferroviaria y la Federación de Camioneros. El Estado aporta todos los fondos para el pago de salarios y la realización de las obras. El 18 de mayo, por ejemplo, la Presidenta de la Nación anunció una inversión de 2.322 millones de pesos para reactivar 17 tramos en cinco provincias. Mezclado entre representantes de los grandes exportadores, gobernadores y ministros se encontraba Angel Stafforini, vicepresidente de Belgrano Cargas, contador de la UF y hombre de confianza de Pedraza. Stafforini fue el encargado de proporcionar los fondos con los que Pedraza intentaría sobornar a los jueces de la sala III de la Cámara de Casación, según surge de las escuchas telefónicas. El 21 de junio allanaron la caja de seguridad de Stafforini y encontraron 50 mil dólares en efectivo, un arma calibre 32 y documentación de otra arma calibre 38. Los pagos para comprar al encargado del sorteo electrónico en los tribunales habían salido de esa misma sucursal bancaria. Los intermediarios del soborno fueron el ex juez Octavio Aráoz de Lamadrid -defensor de uno de los patoteros- y un agente de inteligencia del Estado de apellido Riquelme.

Ugofe

En el marco de la investigación por el crimen de Mariano, la jueza López ordenó la apertura de otra causa vinculada con la posible responsabilidad de funcionarios de la Secretaría de Transporte en los delitos de defraudación e incumplimiento de deberes, por presunta violación de la ley de asociaciones sindicales. La causa se basa en la denuncia del fiscal por los fondos estatales que recibía la Cooperativa Unión del Mercosur, tercerizada de la Ugofe que prestaba servicios en el Roca y que está directamente vinculada al entorno familiar de Pedraza. Su presidente es Raúl Castellanos, dirigente de la Unión Ferroviaria. El secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y los empresarios que constituyen la Ugofe no podían desconocer esto. Por otra parte, la jueza desestimó hasta ahora el pedido de nuestras abogadas para que funcionarios y empresarios sean investigados por haber facilitado la organización del grupo de choque que mató a Mariano. El 20 de octubre, la Ugofe autorizó a pedido del sindicato la salida de casi un centenar de empleados de los talleres de Remedios de Escalada para ir a enfrentar a los tercerizados.

El vértice

Se cumplieron ocho meses del asesinato de Mariano y el gobierno no enfrentó una sola vez a esta mafia repodrida. Sí, en cambio, utilizó a fondo los recursos mediáticos a disposición del Estado para atacar al Partido Obrero. En los meses subsiguientes al crimen, la pandilla de la Unión Ferroviaria siguió paseándose por los actos oficiales, cinchando “para el mismo lado” con los empresarios y enriqueciéndose. La patota continúa operando en la gestión ferroviaria, ninguno de sus hombres fue removido del gabinete. Hace apenas dos semanas, un testigo muy importante para la causa, llamado Eduardo Sotelo, fue secuestrado por cuatro matones que lo introdujeron a la fuerza en un vehículo, lo golpearon y le gatillaron varias veces en la cabeza, mientras le espetaban “tenés que cambiar la declaración contra José” (Tiempo Argentino, 24/6). Lo abandonaron en la Villa 21-24, en Barracas. Silencio oficial.

Al menos dos de los jefes de la policía que resultaron procesados por haber liberado la zona para el ataque de la patota fueron ascendidos por Nilda Garré, luego del crimen de Mariano (Hugo Lompizano, de la dirección general de Operaciones a superintendente metropolitano; Rolando Garay, de subcomisario de la seccional 30 de Barracas a comisario de la 33ª de Belgrano). La ministra de “seguridad democrática” no tomó ninguna iniciativa sobre los miembros de la fuerza a su cargo ante el crimen de un militante de 23 años, como sí se prestó a la provocación del 23 de diciembre contra los tercerizados y a la judicialización de los compañeros de Mariano.

¿Debería sorprender entonces que el ministro Carlos Tomada, un operador íntimo de Pedraza, haya sido designado candidato a vicejefe de Gobierno porteño por la Presidenta?

La rapiña de los capitalistas y de la burocracia sindical está destruyendo los ferrocarriles, hundiendo a los obreros ferroviarios y poniendo en riesgo a millones de usuarios.

¿Hay causa más justa que aquella por la que peleó Mariano Ferreyra, que es acabar con esta barbarie?