Desde el 3 de noviembre, 274 trabajadores de Barilari, que se desempeñaban en negro en tres cooperativas truchas, se encuentran en conflicto. La empresa también despidió trabajadores de mar y tierra en sus plantas del sur. El viernes 5 se publicó la convocatoria de acreedores en un juzgado de Capital Federal.

El argumento justificatorio es “el cierre de mercados por la crisis internacional” y “la caída de precios internacionales”. La crisis aludida no es tal: según el Senasa, hasta octubre hubo records de captura, de exportaciones y de precios del pescado argentino.

Los compañeros se han movilizado varias veces por las calles de la ciudad (a la Municipalidad, a la Copa Davis, a la casa de Barilari); el jueves 27 ocuparon la planta. Esa misma noche, el fiscal Moyano en persona desalojó la planta con Infantería y a garrotazos. Desde ese momento, sin bajar los brazos, los trabajadores han acampado frente a la fábrica y elevaron el reclamo de un paro general al Soip, el sindicato de la pesca.

La directiva del Soip, que sólo intervino luego de diez días de iniciado el conflicto y porque fue llamada de oficio por el Ministerio, preserva celosamente una “paz social” con las cámaras del sector desde 2003.

En una maniobra digna de burócratas expertos, la directiva del Soip convocó a un paro entre las 11 de la mañana y las 11 de la noche del lunes 1º. Es la mejor manera de convocar un paro sin afectar la “paz social”, pues la mayor actividad en la industria se realiza fuera de ese horario.

Esta maniobra provocó la denuncia pública de los obreros en conflicto y su reclamo de que la directiva abandone las medidas simbólicas. También están en conflicto por despidos y suspensiones los compañeros de San Diego, recientemente blanqueados.

La agrupación Bordó se está dirigiendo a la masa del gremio para redoblar la solidaridad con los obreros de Barilari, para exigir la asamblea general y discutir un plan de lucha para enfrentar esta ofensiva patronal y una recomposisión salarial de fin de año.

El Partido Obrero le exige a las centrales sindicales CGT y CTA un plan de lucha en común para hacer frente a la ofensiva que pretende llevarse puestos a los trabajadores del pescado, a los de la carne, a los de la construcción y del Smata que ya están en la calle y que apoye a los del correo, a los municipales, docentes, estatales y todos los que reclaman aumento de salario.