El último informe del Ministerio de Trabajo respecto a los datos salariales del sector privado registrado puso en conocimiento que para el mes de noviembre la mediana salarial neta no llegó a superar los $130.000, contra una canasta básica de pobreza de $145.948. Se trata de un dato indicador del deterioro salarial y el ajuste en marcha, donde el trabajo registrado no alcanza para satisfacer las necesidades más elementales.

Los datos surgen del Situación y evolución del Trabajo Registrado Febrero 2023 y son confeccionados en base a la información provista por el Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), con un alcance de 6,258 millones de trabajadores que integran el sector privado registrado en noviembre del 2022.

La conclusión es lapidaria respecto a la política salarial del gobierno nacional, con techos a las paritarias y una intervención antiobrera sistemática del Ministerio de Trabajo, y en referencia al ajuste que aplican las patronales en relación al poder adquisitivo de los trabajadores.

El sector privado, que se ufana de “generar empleo”, impone salarios de hambre que se encuentran años luz de cubrir las necesidades integrales de un trabajador, que al valor de la canasta básica aún debe sumarle, de mínima, el valor de la vivienda que habita.

La mediana salarial bruta de $155.494 –que cae una vez realizados los descuentos correspondientes- tuvo una evolución interanual del 86,8% contra una suba de la canasta básica para el mismo periodo del 97,4% y del 101,8% en la canasta alimentaria, dando cuenta de una pérdida salarial insoslayable. Algo que ha sido tendencia en los últimos seis años.

Antes esta situación el gobierno insiste con su política de ajuste y techo a las paritarias, ahora con la pauta del 60% para las negociaciones salariales en curso, que es asumida sin alboroto por parte de la burocracia sindical al frente de las centrales obreras, tanto al CGT como las CTAs.

Entre los burócratas que se apresuran a firmar la pauta oficial se encuentra el siempre dócil Roberto Fernández, de la UTA, quien tiene cerrado un acuerdo semestral en tramos del 31% que se encuentra empantanado por las presiones patronales para obtener más subsidios.

Otros que se encaminan a adaptarse a las pretensiones del gobierno son los dirigentes de la burocracia oficialista al frente del gremio docente Ctera (Hugo Yasky, Sonia Alesso, Roberto Baradel), que tendrán una reunión este jueves 9 sin ningún mandato de base ni planteo salarial público de cara a los trabajadores.

La política de contención de la burocracia sindical –que no ha hecho ni un paro contra la política fondomonetarista, patronal y de ajuste de este gobierno- está produciendo estragos en la deteriorada economía de los trabajadores, algo que también de expresa en los trabajadores precarizados y sectores más vulnerables con la determinación de una salario mínimo de indigencia y el ataque a los programas sociales con 160.000 despidos, todo con la complicidad de las principales centrales.

Mientras los banqueros y capitalistas se enriquecen los trabajadores cada vez son más pobres, y no alcanzan las horas del día para obtener un salario que cubra todas las necesidades de las familias obreras.

Rechazamos los techos salariales del gobierno para anclar los salarios contra la inflación y la política de ajuste en marcha. Por una recomposición general de los salarios, salario mínimo superior a la canasta básica. Ningún despido en los programas sociales. Y por una dirección sindical que represente a los trabajadores y luche por el conjunto de las reivindicaciones, contra el pacto entreguista con el FMI.