Moreno tuvo una entrevista con las dos internas (de jornalizados y mensualizados) en la que transmitió la decisión del gobierno de soltarle la mano definitivamente a los trabajadores de la ex fábrica Massuh. El funcionario kirchnerista informó que el Estado no se hará cargo de la empresa –cuya quiebra acaba de ser decretada por el juez apenas unas semanas atrás– ni tampoco un privado. Les propuso un préstamo para inversiones que luego deberían devolver, pero los trabajadores se tendrían que hacer cargo de la empresa. Lo de Moreno no fue una propuesta sino un verdadero ultimátum: “no hay otra opción” –sentenció– y los conminó a que en un plazo de 30 días conformen la cooperativa. Más aún, la “oferta” fue “acompañada” por un plan de retiros voluntarios. También ha trascendido que, todo el personal pasaría a cobrar 1.500 pesos mensuales, sin distinción de cargos o categoría. ¿Quién puede creer en un plan de recomposición de la ex Massuh si se empieza discutiendo los despidos y una confiscación salarial de esta magnitud?

Ese ultimátum estuvo unido a una enérgica diatriba en la cual el representante K se despachó contra los trabajadores, a quienes acusó por las perdidas y el fracaso de la nueva etapa iniciada el año pasado. Lo cierto, sin embargo, es exactamente lo opuesto. Si hay un responsable es el gobierno, cuya política, hasta último momento, consistió en el salvataje de Massuh, uno de los hombres fuertes en su momento de la Unión Industrial y aliado a la Casa Rosada. Esto es lo que explica la formación, un año atrás, de un fideicomiso por el plazo de tres años, a cuyo vencimiento la empresa volvía bajo el control de sus dueños. Lo que caracterizó la gestión K al frente de la empresa fue el sabotaje económico. Moreno dejó de estar al frente de la fábrica y la conducción paso a manos de funcionarios menores (aunque, desde las sombras, seguía manejando los hilos de la empresa). Fue bajo Moreno y los que le sucedieron que se fue paralizando la fábrica y hasta el área de “Conversión”, que es la que requiere un menor costo para su mantenimiento. No hubo un plan de inversiones y se archivaron los proyectos para exportar, cuando había tratativas con algunos países sudamericanos.

La medida de ese sabotaje puede medirse en el sencillo hecho de que Papelera de Quilmes, denominación del flamante fideicomiso, acumuló en un año una deuda descomunal de 45 millones de pesos. En lugar de que el Estado ponga la plata, contrajo nuevas deudas con proveedores, las que terminaron convirtiéndose en una bola de nieve. Esto fue denunciado con pelos y señales por uno de los delegados de los mensualizados, lo que culminó con un enfrentamiento, pues Moreno lo intimó a que se retirara de la audiencia.

La asamblea general que se realizó a posteriori, la que congregó a jornalizados y mensualizados, escuchó un informe de los presentes. Ambas internas se limitaron a transmitir lo ocurrido, pero no fijaron posición. Aunque reinó el desconcierto, el clima de la asamblea fue encendido y hubo mucha participación. Varios compañeros destacaron que el contrato que les hicieron firmar en la conformación del fideicomiso era hasta noviembre de 2011 e hicieron hincapié en que eso debía ser respetado. Las intervenciones giraron en torno a esto. La propuesta de Moreno –y el apuro en concretarla- fue recibida con mucha desconfianza.

Una línea propia e independiente

Está claro que estamos ante una trampa. La entrega de la fábrica a los compañeros de Massuh en las actuales condiciones significa cargarle el muerto a los trabajadores. No hay que permitir la reedición de Puerto Piray, la papelera de Misiones que fue cedida a una cooperativa a fin es de 2009 y que arrancó con la confiscación de los derechos indemnizatorios y un recorte del 50% del salario, pero aun eso no garantizó que la empresa pudiera salir a flote.

No se debe aceptar ningún ultimátum. El apuro por interrumpir el convenio proviene del Estado quien, más ahora con el canje, quiere “retornar” a los mercados. Se apunta a dar señales de confianza a los capitalistas, empezando por la propia industria papelera, con empresas líderes como Ledesma que, desde tiempo atrás, vienen desarrollando una cruzada contra lo que denominan “competencia desleal” por parte de la ex Massuh. Los K han dejado el mensaje claro de que no está en los planes del gobierno una aventura nacionalista.

Mientras se reclama que se respete el convenio, es necesario oponerle a la propuesta tramposa del gobierno un plan de inversiones y reactivación integral de la fábrica: que cese el sabotaje económico, que el Estado ponga la plata y se proceda a una reorganización, aprovechando el potencial y las posibilidades que tiene la planta, arrancando con la expropiación de la fábrica y su funcionamiento bajo control de los trabajadores.