Los trabajadores, luego de más de tres semanas de espera, comenzaron a cobrar sus indemnizaciones. El gobierno vino dando largas al tema, sometiendo a un desgaste a los compañeros.

Toda esta amansadora apunta a provocar una rendición final y, una vez “liberada” la fábrica de la presión obrera, proceder a su transferencia a algún grupo capitalista, previo desguace de la misma. Esto tendría el guiño del juez y de la propia familia Massuh que, como se sabe, sigue manteniendo vínculos muy estrechos con el kirchnerismo. Por lo pronto, la empresa sigue cerrada, con las puertas clausuradas con candado.

El accionar oficial se ve facilitado por la complicidad, en primer lugar, de la federación papelera que nuclea a los jornalizados, la que, de boca para afuera, plantea la continuidad de la planta pero no mueve un dedo para lograr ese objetivo. Las miras están colocadas en el cobro de la indemnización. El hecho de que el sector de los mensualizados haya estampado también su firma en ese acuerdo indemnizatorio dificulta darle otro horizonte al conflicto y concentrar el reclamo en la reapertura de la planta. Hay muchos compañeros, en particular los jóvenes, que están esperando cobrar para ir buscar otro trabajo.

La interna de los mensualizados tomó la iniciativa de movilizarse la semana pasada al Ministerio de trabajo para reclamar por el cobro de las sumas pactadas y por la reapertura. Respecto a este último punto, llevó el proyecto de “Libro social”, dirigido a convertir a la ex Massuh –hoy Papelera Quilmes– en proveedora de papel al servicio de la producción orientada a la población escolar y de menores recursos de libros y publicaciones económicos.

Esto obviamente entra en choque con los intereses de los grandes pulpos de papel y las editoriales. El destino de la ex Massuh consiste, justamente, en que alguno de estos grupos económicos se quede con ella -que es lo que los K alientan. Hay en carpeta jugosos negocios en la industria del papel (que incluyen combinaciones con la propia Botnia), con más razón ahora, que se ha logrado desactivar el conflicto en Gualeguaychú como consecuencia del levantamiento del corte del puente.

La iniciativa tomada por los mensualizados, a los que se agregó un grupo reducido de jornalizados, obligó a todos a mover las piezas. El Ministerio,finalmente, se comprometió a pagar –y pagó– las sumas adeudadas. El sindicato papelero, a su vez, de improviso organizó, un día antes, una concentración frente a las puertas del fidecomiso en el centro porteño con el objetivo de no quedar desplazado de la escena.

Pero, acerca del tema crucial de la reapertura no hay ninguna señal. Los funcionarios del Ministerio esquivaron el bulto. La interna de los mensualizados plantea que va llevar el proyecto del “Libro social “al Congreso para impulsar su tratamiento. Pero esa iniciativa va a un vía muerta, destinada a terminar atascada en la maraña parlamentaria y en los filtros que interpondrán tanto la bancada oficialista, como así también de la oposición.

Esta situación pone aún más sobre el tapete la necesidad de un plan de lucha. Es necesario instalar el conflicto en la opinión publica, poniendo en marcha un vasto plan de movilización, reclamando el concurso de todas las organizaciones y partidos que se han solidarizado con la lucha. El lugar de la CTA, que brilló por su ausencia durante tanto meses, no puede circunscribirse a oficiar de intermediario para concertar algunas entrevistas. La central debe contribuir con la movilización de sus afiliados, empezando por los gremios que ella dirige.

Proponemos, como punto de partida, la organización de un gran acto en la puerta de Massuh por la reapertura y la defensa de los puestos de trabajo. Con ese método, logramos la primera reapertura. Con ese método, tenemos que ir por la segunda y definitiva recuperación de la fábrica. Que el Estado ponga el dinero para volver a reabrir la planta, sobre la base de un plan de inversiones y reactivación de la producción elaborado en común con los trabajadores.