El juez Marcelo Garnica, titular del Tribunal Federal N° 1 condenó a Raquel Blas a tres meses y a Roberto Marcho a tres meses y 15 días de prisión en suspenso por acompañar a los despedidos del comedor universitario a una sesión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo y por un corte que realizaron los trabajadores de las barreras sanitarias (Iscamen) en el ingreso al aeropuerto de Mendoza.

La interpretación del juez es que prima el derecho individual a circular sobre el derecho colectivo a reclamar. El fallo constituye, por lo tanto, una condena al derecho a luchar, el más importante de los derechos, ya que para los trabajadores constituye la garantía de restitución de derechos vulnerados. Si esta condena sienta jurisprudencia, tenemos que la judicialización y criminalización de la protesta da un salto en calidad, ya que cada vez que un sector se movilice estaría cometiendo un delito. Una aberración.

Esta fallo es modelo en Mendoza, que no conoce antecedes al respecto, pero por sobre todo una guía para el sinnúmero de casos similares de imputaciones por el artículo 194 del Código Penal -que pena la interrupción del tránsito- sobre los luchadores sindicales, sociales y políticos.

Los testigos de cargo fueron todos ellos integrantes de Gendarmería y policía aeroportuaria. Se destacó la exposición de un gendarme, quien desarrolló la ligazón entre la acción de lucha del gremio de los estatales con las consecuencias judiciales de la ley antiterrorista, dijo, porque el piquete en las inmediaciones del aeropuerto debía ser tomado como una potencial “distracción” de terroristas por tomar el control del mismo. Una barbaridad. No obstante, no extraña, pues son los criterios con los que se maneja Gendarmería frente al reclamo mapuche.

Una política represiva

La condena a Raquel y a Macho se inscribe en el reforzamiento represivo propiciado por el gobierno de Macri (2×1 para los genocidas, decreto para movilizar efectivos de las Fuerzas Armadas en la represión interna, Chocobar, militarización de la Patagonia, etc.), que en la provincia se complementan con modificaciones al Código Procesal Penal de corte punitivista, la subordinación de los fiscales al Ejecutivo, la discrecionalidad de los jefes policiales para actuar “in fraganti”, etc. El gobernador Alfredo Cornejo ha girado a la Legislatura un proyecto de un nuevo “Código de Faltas” provincial, que profundiza el carácter clasista de la Justicia al establecer el pago económico de multas o hasta 90 días de arresto.

En la ciudad capital, por otra parte, la gestión radical viene aplicando un “código de convivencia” que implica multas de 45 mil pesos para quienes concentramos o movilizamos, y en las últimas semanas han innovado la acción represiva con las multas por ruidos molestos.

Lo que tienen en común todas estas medidas es el esfuerzo, dentro de los marcos del régimen, por amedrentar y disuadir la reacción de los trabajadores y sectores populares por sus reclamos.

Anulación de la condena

Hemos lanzado una campaña en toda la provincia y el país por la absolución, anulación de las condenas y desprocesamiento de decenas de luchadores como Raquel, Héctor Fresina, el secretario general de la CTA-A, “Polo” Martínez Agüero y decenas de delegados y activistas de ATE, Sute y demás organizaciones sindicales. También dirigentes de uniones vecinales y organizaciones sociales.

El gobierno de Cambiemos está empleando a fondo las herramientas jurídicas que heredó de los gobiernos K, como la ley antiterrorista y el espionaje de Gendarmería, agregando sus propias disposiciones.

En un cuadro de creciente malestar social por la bancarrota económica, los tarifazos y la carestía lo que urge es potenciar la organización por estos reclamos, al mismo tiempo que reclamamos el cese de la persecución a los luchadores. La represión como forma de garantizar la recomposición de la ganancia capitalista y el acuerdo con el FMI o la reacción obrera y popular por nuestras vidas.

Llamamos al conjunto de los trabajadores a pronunciarnos por la anulación de las condenas a Raquel Blas y de todos los compañeros e impulsar en los lugares de trabajo la elección de delegados para participar, con mandato, del plenario provincial de delgados que convoca la CTA-A.