La Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza será intervenida por el Ministerio de Trabajo de la Nación, el mismo que dejó pasar miles de despidos y atropellos a los trabajadores. El gremio fue uno de los blancos elegidos por el gobierno de Cambia Mendoza, con el gobernador Alfredo Cornejo (UCR-Cambiemos) al frente en su ataque a la organización sindical de los trabajadores estatales. Es un aspecto del esfuerzo para desarticular cualquier resistencia al techo salarial del 17% en cuotas, a través de decretos o de arreglos personales con sus dirigentes.

 

La intervención tiene su origen en un pedido de la Lista Bordó, que interpuso una medida cautelar ante la V Cámara Laboral provincial, planteando que la convocatoria a la asamblea extraordinaria que elige la Junta Electoral se hizo en una fecha inhábil. Sólo una vez producida la elección y conociéndose los resultados, que marcaban la derrota de la Bordó, la justicia activó la medida e invalidó todo el proceso electoral.

 

Lo que se pretende presentar como “una interna” no es otra cosa que la injerencia directa del Estado y la Corte, es decir la patronal, en el sindicato de los judiciales.

 

La Agrupación Naranja Judicial, que en su primera elección saco alrededor del 10 por ciento, viene creciendo en influencia, delegados y compañeros sobre la base de denunciar este proceso, pero por sobre todo por establecer un plan de salida frente a la parálisis de la Verde y su confianza en una resolución por la vía judicial.

 

 

Un ataque a todos los trabajadores

 

Esta intervención está inscripta en un ataque más general a las organizaciones sindicales y sociales.

 

Cornejo ha montado una verdadera campaña antiobrera, montado en el repudio que despierta la burocracia sindical. Valiéndose de esto ha regimentado las reuniones y asambleas con protocolos anticonstitucionales, acordó con un parte de la directiva de ATE un techo salarial, quebrando a uno de los gremios más combativos y les aplico a los docentes el “ítem aula” que, por el momento, funciona como un disuasivo de huelga. Ahora va por los judiciales.

 

En esta línea se inscribe el accionar de la Lista Bordó que, además de estar ligada a históricos activistas radicales y demócratas, impulsa el rechazo a la participación de la asamblea y todo lo que signifique movilización, desprestigia las medidas de acción directa y pretende transformar el sindicato en una pasiva mutual. Su acción se complementa en darle un curso judicial a los reclamos, alentando la discusión individual con la patronal.

 

La Lista Bordó presenta esta forma de actuar como “el sindicalismo inteligente”, que no es otra cosa que la atomización y subordinación a los jueces y la Corte, para depender de sus dádivas.

 

La Lista Bordó ganó influencia frente a la inacción de la conducción Verde en relación a problemas centrales de los judiciales. Esta inacción es la consecuencia de rechazar la elección y puesta en pie de un cuerpo de delegados, es decir de reforzar la organización gremial de base. Esto ha creado un abismo entre el común de los judiciales y la conducción.

 

La Agrupación Naranja estableció una posición de defensa incondicional del gremio como herramienta de organización, con independencia de la conducción a la que le propuso impulsar una campaña de asambleas permanentes en los edificios y oficinas, también un fondo de lucha frente a la inminencia de la paralización  de las cuentas bancarias del gremio. Ante las jornadas del 6,7 y 8 de marzo y el paro nacional del 6 de abril la conducción evitó preparar una participación activa de los judiciales.

 

Se impone la mayor unidad para rechazar la intervención, que pondría al gremio en las manos de la Corte. La elección de delegados en cada lugar de trabajo y la elaboración de pliegos de reclamos por lugar son tareas centrales para este objetivo. Los judiciales necesitan un gremio para ganar el enganche a la Corte, un aumento acorde a la inflación -como mínimo-, las 6 horas para todos y la jubilación con el 82% móvil.