En los últimos días de marzo las empresas constructoras, que desarrollan sus actividades en el sur de la provincia de Mendoza, comenzaron a emitir los comunicados de suspensión y despidos. 

A través de comunicados informales y en base al decreto 221 de la Ley de Contrato de Trabajo que adjudica razones de fuerza mayor han comenzado a suspender al personal para no pagar más sueldos. Un verdadero ataque. Mientras las empresas reciben jugosas ganancias por adelantado a través de las licitaciones que obtienen, a los trabajadores son condenados a repartir los costos de la crisis.

Antes de que finalizara marzo la empresa ICE Ingeniería S.A., que tiene su sede en Guaymallén (Mendoza), notificó suspensiones y también el cese de sus haberes a 30 trabajadores. 

Casi al mismo tiempo las redes sociales daban cuenta de una serie de suspensiones y despidos en la empresa Camiletti, una firma local que ha gestado millones en contratos con el municipio de los Félix (intendente de san Rafael). Cabe destacar que una semana antes el titular de la empresa, Pedro Camiletti, había hecho una donación de 5 mil dólares para comprar respiradores para el hospital Schestakow.

Cuando estas empresas obtienen sus multimillonarios contratos no socializan las ganancias y sin embargo en épocas de crisis son los primeros en socializar pérdidas y en aprovechar el momento para ajustar y despedir trabajadores en total impunidad. 

La tercerización es uno de los métodos principales a través del cual el Estado realiza obra pública en la provincia. Las empresas contratadas para realizar estas obras son grandes precarizadoras de la mano de obra que utilizan. Es por eso que desde el Partido Obrero planteamos la ejecución directa por parte del Estado de toda la obra pública, bajo control de los trabajadores y los vecinos. También planteamos que de manera inmediata se prohíban los despidos y suspensiones en todo el país, y se garantice el pago de los salarios igual a la canasta familiar de todos los trabajadores de la construcción.