Hace tres semanas el juzgado comercial N°1 a través de la Secretaría N°2 declaró la quiebra con continuidad de la sociedad anónima “Industrias Alimenticias Mendocinas”, del grupo Alco-Canale. La empresa cuenta con 3 plantas industriales de enlatados de fruta y tomate en la provincia de Mendoza, en las cuales trabajan de forma directa unos 240 efectivos permanentes y 700 efectivos temporarios.

Después de mucho tiempo de vaciamiento, las maniobras fraudulentas por parte de los directivos de Alco-Canale han puesto en vilo el ingreso económico de más de 1000 familias. Al día de hoy se deben quincenas.

Las maniobras fraudulentas vienen de vieja data. En 2015 recibió un salvataje financiero de $150 millones para que volviera a operar después del concurso de acreedores que inició en 2010, del que nadie sabe su destino. La manipulación con de los Repros (subsidio a las patronales, con destino exclusivo a al salario de los obreros) fue una constante en las ocasiones que lo solicitaron.

La “quiebra con continuidad”: un campo minado

El juez ha declarado la quiebra con continuidad de la explotación de la empresa en forma inmediata hasta que sea adquirida por otro grupo económico. Si bien esto implica que la fábrica siga operativa es a los fines de su reventa a un nuevo capitalista. El procedimiento es puramente liquidatario, es decir que se busca satisfacer las deudas de los distintos acreedores, en especial bancos y prestamistas, en el caso de que se pudiera vender la empresa a otro grupo inversor. Para los trabajadores esta situación trae aparejada una serie de complicaciones. Sin venta no está garantizada la continuidad de los puestos de trabajo.

En el caso de que la empresa sea adquirida por otra, los trabajadores pierden la antigüedad y empiezan como recién contratados. No solo se trata de precariedad laboral extrema, pues de pretenderlo el nuevo grupo inversor podría despedir prácticamente sin indemnización. En cuanto a las condiciones de trabajo, todos los acuerdos de empresa y planta se caen y solo rige el convenio colectivo de trabajo de la rama.

La quiebra, por lo tanto, constituye un campo minado, que se presta a un sinfín de maniobras y es un caldo de cultivo para la manipulación patronal que puede inflar o depreciar los precios, digitar las bases del remate y condicionar integralmente el proceso que conduce a la liquidación de la empresa.

Luchar para defender los puestos de trabajo

El juzgado que lleva la quiebra ha establecido como fecha límite para presentar ofertas el 1° de noviembre. En este cuadro el esfuerzo del gobierno de Alfredo Cornejo y de la oposición trucha es que los trabajadores no se organicen ni desarrollen un estado de movilización. La consigna parece ser “mantengamos la paz social”.

No obstante un sector importante de trabajadores de las plantas de Tupungato y Tunuyán vienen llevando adelante asambleas auto convocadas y enfrentando el despotismo patronal dentro de las plantas, es el camino a seguir para garantizar los puestos de trabajo.

El día “D” no es cuando se resuelve la situación de la empresa. El día “D” es garantizar la continuidad de los puestos de trabajo. Si la empresa es comprada se deben respetar todos los convenios y la antigüedad de todos los trabajadores. Si la empresa no tiene ofertas debe ser estatizada bajo control obrero.