Desde la semana en la que el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, visitó Mendoza(20/1), en donde el gobierno nacional y el provincial cerraron filas en el regreso a las aulas a toda costa, la campaña mediática y política del gobierno provincial de hostigamiento y calumnias hacia los y los trabajadores de la educación ha subido en intensidad.

Es que el rechazo de la única propuesta del gobernador Rodolfo Suárez en paritarias, que significaba un claro recorte salarial y de derechos adquiridos -la cual tuvo que ser impuesta mediante un decreto-, hizo volver a chocar al gobierno con la misma pared que cuando tuvo que mandar a cuartel de invierno sus intenciones de proceder a una reforma del sistema educativo con un marcado carácter privatista, a través de un trámite legislativo, que hasta contaba con el apoyo implícito del Frente de Todos.

El gobierno de Suárez tiene muchos problemas para imponer su agenda en la educación, ya que las y los trabajadores de las escuelas entendieron que esta atenta contra sus derechos laborales y la calidad educativa. Por lo tanto, a pesar de la presión tanto del gobierno de Fernández y de los capitalistas locales, puede resultar en un nuevo fracaso y hasta terminar con la cuestionada gestión de Thomas en la Dirección General de Escuelas (DGE).

Esta posición de resistencia, a pesar de que se busque minimizarlo a través de maniobras, es mandatada por miles y miles en las escuelas y fue expresada por la mayoría de los delegados escolares cuando se votó por unanimidad que sin una propuesta superadora de recomposición salarial no se iba regresar las aulas.

Frente al pedido de escuelas en condiciones la respuesta fue lo que lo importante es que estas fueran operativas, y frente al pedido de condiciones un ítem conectividad, respondieron que “los docentes tienen que arbitrar los medios”. Todo agravado por el aumento generalizado de precios al que esta semana se le sumará la telefonía celular e internet.

En estas condiciones el no inicio en 2021 y el plan de acción que se votó en los plenarios provinciales tiene una vigencia elemental en la lucha contra el ajuste. La pelea por el salario y los establecimientos en condiciones es la pelea por la escuela pública, y para defenderla sabemos que el camino es de la lucha contra la ley privatista. Con ese espíritu y esa convicción vamos a las calles. Organicemos todo tipo de medidas, en conjunto con les estudiantes y toda la comunidad educativa, para garantizar todas las condiciones.

La educación es un derecho y quienes la garantizan, sus trabajadores y trabajadoras, no son un gasto ni una variable de ajuste.