A fines del año pasado, la empresa Bosch (multinacional alemana), de Brasil, compró el 60% del paquete accionario de la “nacional” Argelite, con lo que dejó planteada una guerra comercial en el Mercosur con Lucas Indiel (inglesa) por el mercado de las autopartes eléctricas. Se calcula que en el año 2.000 sólo quedarán 500 de las 1.800 autopartistas que funcionan a nivel mundial.

En este marco, Bosch Brasil necesita una filial en la Argentina que le dé fachada industrial a un emprendimiento de tipo comercial. Se trata de ponerle la etiqueta “Made in Argentina” a productos que tendrán aquí un ínfimo valor agregado, pero que servirán para “compensar” cupos de importación.

Es claro que semejante parasitismo no puede ir acompañado de estabilidad laboral y que, por lo tanto, la patronal va a atacar todas las conquistas, incluyendo a los propios puestos de trabajo, para bajar los costos y mejor competir con Lucas Indiel.

En el colmo de la hipocresía, Robert Bosch, la mayor autopartista de Europa, declaró “en crisis” a su filial argentina, a 120 días de constituirse en el país. Formalmente, el objetivo de la empresa era suspender por 9 días, pero las intenciones van mucho más allá: bajar los sueldos; nuevo régimen disciplinario y, por sobre todo, despedir a decenas de compañeros.

El “procedimiento de crisis” (figura legal) ya había sido aplicado en Zanella, con el saldo terrorífico de 120 despedidos con la indemnización reducida y en cuotas, en una derrota sin lucha. Esta experiencia sirvió para conocer a fondo los mecanismos del chantaje, que constituyen el “espíritu de la ley”.

Es así que dos horas después de haber tomado conocimiento de que Robert Bosch iniciaba el “procedimiento de crisis” ante el ministerio, una asamblea resolvió su rechazo y la negativa a negociar nada en el marco de esa presentación. La rápida reacción dejó rengueando la intención de la empresa de aplicar un mecanismo que sólo es efectivo en el marco de la confusión y la desmoralización. Quedó abierto así, en la fábrica, el debate sobre la necesidad de la movilización callejera.

La comisión interna se mantuvo en la posición inicial de rechazo, a pesar de que comenzaron a sentirse las presiones: para el sindicato había que negociar y para compañeros ilusionados en el bordonismo también había que negociar “para ganar tiempo” (y llegar a las elecciones).

La patronal presionó con dos despidos “por legajo”. Finalmente, la comisión interna firmó una elaborada denuncia, que debía actuar como rechazo legal (y político) del procedimiento de crisis. No llegó a ser presentado: la patronal reculó y mandó a archivo el expediente.

Esta victoria importante no significa más que un round. El intento de despedir se va a replantear. Sea con un nuevo “procedimiento”, sea “por legajo” o sea como “caso puntual”, la defensa de todos los puestos de trabajo está a la orden del día. Los despidos se pueden detener y es imperioso hacerlo.