Sindicales

13/9/2007|1009

Micheli y Yasky traicionan a los trabajadores

La CTA de Lozano, en acción

El 31 de agosto, Pablo Micheli y Le opoldo González, de ATE, pusieron la firma al “acta de defunción” del conflicto del Indec, lo que la semana anterior había orquestado Hugo Yasky con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y su vice Jorge Rivas, otrora candidato del MST.


Previamente, Hugo Yasky y Pablo Micheli habían logrado —sobre la base del engaño— que los trabajadores del Indec levantaran el paro. Ambos prometieron en una asamblea del Indec que, si levantaban el paro, el gobierno formaría una comisión para revisar las estadísticas truchas, no descontar los días de huelga, no aplicar sanciones y la vuelta de los desplazados a sus puestos de trabajo.


Se trató de una mentira. Basta leer el acta. Allí no figura ningún compromiso unilateral o conjunto con ATE y CTA de revisar las estadísticas.


Como admitieron todos los diarios, en el acta firmada “no se menciona en ninguno de los cinco artículos lo que se había anunciado con bombos y platillos la semana anterior. Esto es, que el oficialismo revisaría en 90 días, tras las elecciones de octubre, la metodología con la que se calcula el IPC” (La Nación, 31/8).


Sin embargo, y a pesar de esta evidencia, Pablo Micheli insistió en que “la comisión es para discutir la nueva institucionalidad del Indec y va a discutir la metodología que plantea el gobierno sobre el IPC, contrapuesta a la que plantean los técnicos nuestros” (ídem).


Tampoco el acta reintegra a sus puestos de trabajo a los técnicos desplazados. El punto 4 dice: “Las autoridades del Instituto dispondrán la asignación de las funciones o destinos del personal que pudieran haber sido modificadas a partir de la fecha antes mencionada y en razón de las circunstancias que dieron origen al conflicto”.


A lo único que se compromete el gobierno en el acta es a no descontar los días de paro y a seguir con las contrataciones “bajo las diversas modalidades habilitadas”, o sea contrataciones precarias, y a formar una comisión para que durante 90 días verifique el cumplimiento del acta. Hasta ahora, no cumplió con ninguno de esos puntos.


El conflicto del Indec estalló a fines de enero cuando el gobierno desplazó a la responsable de medir la inflación, Graciela Bevacqua, para truchar el índice de precios. A partir de ahí, y a medida que el gobierno truchaba otras estadísticas, el conflicto se extendió a otras áreas del Indec.


En ningún momento las direcciones de ATE y de la CTA exigieron la reposición de Bevacqua a su puesto de trabajo, ni de los técnicos y directores que luego también fueron desplazados. No hubo ninguna medida de lucha a favor del Indec que, en forma abnegada y heroica, mantuvo el conflicto durante todos estos meses.


Yasky y Micheli esperaron que el aislamiento que ellos impusieron a los trabajadores del Indec surtiera efecto para impulsar la formación de una comisión con el gobierno que cerrara el conflicto. Con este gesto, Yasky y Micheli agregaban otra trapisonda más con el objetivo de lograr la tan ansiada integración formal de la CTA al Estado con el otorgamiento de la personería gremial.


Viejos zorros, Alberto Fernández y Jorge Rivas firmaron el acta —pero sólo después que el paro fue levantado—, mientras a la misma hora el Indec truchaba el Indice de Servicios Públicos, para que no se viera estadísticamente la crisis energética. Una semana después, truchó el indice de precios mayoristas y el índice de precios de la construcción. También formó una comisión —integrada exclusivamente por gente afín— para truchar el nuevo índice de precios que arrancaría en 2008.


El jueves 6, sin la presencia de Yasky ni de Micheli, ni de González, el personal del Indec salió a la calle para denunciar el índice de precios trucho de agosto. Al mismo tiempo, a través de un comunicado, la Junta Interna de ATE-Indec denunció que “la directora del Indec, Ana María Edwin, viene llevando a cabo las siguientes acciones:


1) compañeros a los que, al levantar el paro, les retiraron el password, no pudiendo ingresar a sus respectivas computadoras para realizar sus tareas. Por otra parte, se sigue capacitando a nuevos encuestadores que no son necesarios, dado que los encuestadores de la EPH volvieron a sus tareas, después de decidir —como señal de buena voluntad—, levantar el paro. Tampoco se les asignaron nuevas funciones existiendo un clima abiertamente hostil;


2) continúa el desembarco de nuevos asesores, aparentemente sin nombramientos, con acceso a información protegida por el secreto estadístico. Algunos de estos nuevos asesores mantienen reuniones, muchas de ellas a nivel individual y de carácter intimidatorio, con técnicos de las áreas económicas, buscando conocer metodologías y fuentes de información de los cálculos que realizan en sus áreas de trabajo, tomando decisiones sobre la información que difunde el Indec;


3) se continúa con la apertura de nuevos sumarios administrativos a trabajadores que estuvieron de paro, y alguno de ellos fue declarante en la Fiscalía;


4) aparición de personas no pertenecientes al Indec, con funciones no muy precisas, y similares a las de coordinación o dirección, con manejo de personal a cargo y de información protegida por el secreto estadístico. Debe señalarse que en general no acreditan experiencia en las tareas sobre las que supuestamente tienen autoridad y que sus órdenes e indicaciones son verbales, negándose a dejarlas asentadas por escrito;


5) la anulación de viajes de trabajo de compañeros que estuvieron de paro, sin explicitar las causas;


6) alteración sin aviso de las rutinas de trabajo en el área de Difusión, reemplazando los canales habituales que hacen los comunicados de prensa para su publicación, utilizando métodos de discriminación con los compañeros que trabajan en el área y que participaron en el conflicto;


7) mantenimiento de la presencia intimidatoria de personal policial y otro de origen desconocido, en el tercer piso, donde funciona el IPC;


8) no pago total del salario normal y habitual del mes de agosto y del día descontado en el mes de julio;


9) la difusión el lunes 3 del corriente de una comisión de “notables”, que estudiarán el nuevo cálculo del Indice de Precios al Consumidor (IPC) por parte de la mencionada Directora Nacional, está dirigida no sólo a confundir a la sociedad: además demuestra que tiene la clara intención de sabotear la formación de la Comisión que se debe crear en los próximos días entre el gobierno y ATE”.


Surge con claridad que el gobierno ni siquiera cumple con lo firmado, pero ni Yasky ni Micheli ni González han abierto la boca.


EL PO llama a los trabajadores del Indec a discutir este balance, a denunciar la complicidad de Yasky, Micheli y González con el gobierno y a formar un gran frente de organizaciones gremiales, políticas y estudiantiles en defensa del Indec, por la restitución a sus puestos de trabajo de todos los desplazados y por la revisión de todos los índices truchos.