Las comisiones de Ciencia y Técnica del Congreso convocaron a fines de setiembre a audiencias públicas con el propósito de “sumar propuestas para la reforma del sistema científico”. La iniciativa fue lanzada con posterioridad a la masiva reacción por el anuncio del secretario de Ciencia y Técnica *Dante Caputo* de proceder a la liquidación del Conicet. El Conicet es la mayor institución del sector; nuclea a más de 6.000 investigadores, personal técnico, administrativo y becarios, y su cierre fue reclamado directamente por el Banco Mundial.

Ahora, en cambio, se difunde la especie de que “el acta de defunción del Plan Caputo estaría firmada” (Página/12, 27/9) y que los diputados procederían a votar una norma que incluye los “aportes constructivos” de los investigadores y especialistas, según declaró la profesora y diputada aliancista Adriana Puiggrós.

No es verdad. En realidad, muerto el Plan Caputo, éste sigue gozando de muy buena salud. Primero porque en el Presupuesto 2001 los fondos para el Conicet han sido nuevamente recortados. En consecuencia, los ingresos al organismo de nuevos investigadores están en la congeladora: este año habían completado las exigencias respectivas 400 postulantes, y sólo 150 habían sido aceptados debido a las restricciones económicas; esto con anterioridad a los recortes del Presupuesto 2000, que el de 2001 agrava más todavía. Resultado: no entra nadie. Tampoco hay fondos para las promociones, es decir, para los aumentos en las remuneraciones derivados del ascenso en la carrera de investigador, ni para becas y subsidios nuevos, e inclusive para muchos de los ya otorgados. Para garantizar el funcionamiento del Conicet en los términos miserables en que lo venía haciendo se necesitaría una partida 40% superior a la que figura en el Presupuesto 2001.

Sobre este punto los diputados aliancistas se han hecho olímpicamente los opas. Además, están considerando como referencia privilegiada para la ley que pretenden sancionar al “proyecto Salum”, por el nombre de un senador de la UCR, que ya obtuvo una media sanción del Senado. Pero resulta que la ley Salum es una versión camuflada… del Plan Caputo: elimina el Conicet como organismo de “promoción” de la ciencia, que es precisamente lo que permite contar con fondos para subsidiar la actividad de investigación pública, y deriva estas funciones a la universidad y otras instituciones. Es lo que planteaba el Plan Caputo, que proponía convertir al Conicet en un organismo residual.

Las audiencias fueron un recurso para desviar la presión del movimiento de lucha de los investigadores y el personal del Conicet y proseguir por otros medios con la política de Caputo y el gobierno. La propia lista de intervenciones en las audiencias públicas fue manipulada y los representantes de la Coordinadora y delegados del Conicet, marginados deliberadamente. Una experiencia similar se vivió con el tratamiento de las leyes educativas, a principios del ‘90, cuando luego de haber “escuchado” a todo el mundo los diputados parieron la reaccionarias Ley Federal y la Ley de Educación Superior.

El cuerpo de delegados del Conicet votó concretar una nueva ocupación del organismo la próxima semana para reclamar por el ingreso de todos los investigadores y por los 70 millones de dólares que faltan para cumplir con las promociones, becas y subsidios. La medida se concretará entre el 17 y el 20 de octubre en ocasión de una semana nacional de movilización decretada por la Conadu y los docentes secundarios dependientes de la universidad, que siguen sin cobrar el incentivo docente. Sólo la extensión del Cuerpo de Delegados y un curso ascendente de movilizaciones y acción directa podrá dar resultado. Hay que desenmascarar a los diputados “amigos” de los investigadores que buscan continuar con la política de Caputo por otros medios.