Cuarenta días de asamblea permanente, una huelga de hecho que paralizó la recolección de residuos y otros servicios de la intendencia, culminaron con un “acuerdo” arrancado mediante el chantaje y una descomunal presión de todos los poderes del Estado sobre los trabajadores.  

 

Los municipales sufrieron el dictado de la conciliación obligatoria tres veces. El ministro de Trabajo de Cambiemos salió al rescate de Intendente de Cambiemos (Palacio), decretando una primera CO para que los trabajadores levantaron las medidas con las que reclamaban  puntos incumplidos del acuerdo firmado en enero. Vencido el plazo de la CO, el intendente montó una provocación desplazando a un trabajador en clara violación de derechos adquiridos, lo que volvió a encender la mecha. El ministerio volvió a dictar una CO que esta vez fue desconocida por ilegal (dos veces sobre el mismo conflicto), y ratificada por tercera vez por el ministro.

 

Durante más de un mes se mantuvo la firmeza obrera reclamando un aumento salarial para el segundo semestre, adicional al 28% arrancado con la lucha de enero. La intendencia apeló a todos los recursos para quebrar la lucha. Amenazas, denuncias penales, cartas documento, sanciones a los trabajadores administrativos que se solidarizaban con la lucha, amenaza de quite de personería, acciones intimidatorias de la policía, y acciones mafiosas contra los dirigentes. A Rubén Allende, secretario general, y a otro dirigente del STM, les pintaron el auto con amenazas, y les dejaron balas de fusil en la casa. Finalmente, masivos descuentos de más del 20% del sueldo, fueron el golpe para quebrar la lucha por hambre.

 

La oposición patronal cerró filas con la intendencia. A diferencia de otros años, no hizo la más mínima demagogia con el conflicto. Además del silencio cómplice, siendo mayoría en el CD, impidió con custodia policial el ingreso de los trabajadores a las sesiones. El massismo llegó a presentar un proyecto para privatizar la recolección de residuos, el servicio que afectan las huelgas en forma más visible. El ajuste los une a la Sociedad Rural, la entidad patronal por excelencia de Suárez, que sacó un pronunciamiento público contra la lucha. Los negreros del municipio y del campo quieren gobernar con los esclavos en la noria.

 

Pero la nota destacada entre los obstáculos que tuvieron que enfrentar los trabajadores fue el completo aislamiento al que los sometió la burocracia del “Cholo” García (Fesimubo). Una marcha de aparato a los 25 días de comenzado el conflicto fue todo el “apoyo” de una burocracia que venía de una manifestación de 7.000 trabajadores en la 9 de julio, en la que no se hizo la más mínima referencia a la lucha de Suárez (ya llevaba más de 15 días). La burocracia del Fesimubo se empeñó en golpear a los trabajadores de Suarez y a su sindicato para que no cunda el ejemplo de lucha del único STM combativo de la provincia. Así y todo, con el porcentaje de un 6%, más una suma fija de 2.000 pesos en enero, y un punto más que la intendencia no quería reconocer del acuerdo anterior, se redondea un 36%, más alto que el porcentaje en cualquiera de los municipios de la provincia, pero muy lejos del reclamo  original. La devolución de los días descontados fue decisiva para trabajadores con sueldos que no llegan al 30% de la canasta familiar.

 

La santa alianza Estado-patronal-burocracia funcionó a pleno contra los municipales de Suárez. Los luchadores tendrán que sacar las conclusiones para profundizar su organización combativa y, fundamentalmente, independiente de la burocracia, clasista, para encarar las próximas e inevitables batallas.