En la Prensa obrera 1360 afirmábamos que “en el momento en que este artículo está siendo publicado, se desarrolla un plenario de secretarios generales (de la Conadu Histórica) que no tiene como eje llamar a un paro nacional de repudio a nuestra exclusión (de la negociación de los 80.000 docentes en huelga) ni convocar a un congreso de delegados docentes, cualquiera sea la federación a la que pertenezca, para dar continuidad al plan de lucha”.

 

Esta caracterización realizada por la Agrupación Nacional Naranja de docentes universitarios mostró en los hechos toda su dimensión; por mayoría de los secretarios generales presentes la Conadu Histórica levantó el plan de lucha y se negó a convocar a un Congreso Extraordinario, metiéndose de lleno en la agenda del gobierno y la burocracia.

 

Para intentar revertir este cuadro de situación que enfrentábamos, dimos una intensa lucha política. Siete sindicatos de base que nuclean al 60% de los afiliados a la Conadu Histórica y de acuerdo con el mandato de sus asambleas generales presentaron el pedido de convocatoria urgente a un Congreso frente a la exclusión de la Conadu Histórica de la negociación salarial, por considerar esa exclusión un ataque al derecho de huelga por parte del gobierno y un intento del mismo que va más allá de los docentes universitarios, sino como un ejemplo a imponer, al menos, a todos los estatales, en palabras del ministro Scilioni, “no negociamos con sindicatos en huelga”. Asimismo, las asambleas se expresaron por la ratificación del pliego de un 40% de recomposición salarial, la inmediata vigencia del convenio colectivo, firmado hace más de un año, en las 49 universidades y sin reserva, así como por la abolición del impuesto al salario. También las asambleas generales se pronunciaron por la continuidad inmediata del plan de lucha ante la falta de respuestas del gobierno y los rectores a nuestras reivindicaciones.

 

Ante la negativa de la mayoría oficialista de la Conadu H al pronunciamiento de los sindicatos de base 31 congresales ratificaron por escrito el pedido de un congreso como lo votaron las asambleas. Lo hicieron tal como lo prevé el estatuto de la Federación cuando lo solicitan al menos un 20% de los congresales, pero la mayoría oficialista del plenario de secretarios generales se negó a convocarlo violando el propio estatuto. Finalmente, los cuatro secretarios por la minoría pidieron una urgente reunión de la Mesa ejecutiva de la Conadu Histórica para convocar al Congreso, también como lo prevé el estatuto, y esta reunión recién fue convocada para después de la próxima reunión de la mesa de negociación a la que, como quería el gobierno, se irá sin medidas de lucha votadas o en ejecución.

 

Como vemos, el 15 de abril, el gobierno, con la policía federal como instrumento, impidió a la Conadu Histórica ser parte de las negociaciones por estar en huelga. En esa pseudonegociación, el mismo gobierno no hace ninguna oferta a las burocracias oficialistas de la Conadu-Yasky, la Ctera, la UDA y la Fedun. Ante semejante ataque, las asambleas de los sindicatos mayoritarios de la Conadu Histórica se pronuncian por el repudio al gobierno y la continuidad del plan de lucha. La respuesta de la mayoría oficialista de la federación es negar por tres veces en una semana la convocatoria a un congreso que resuelva democráticamente cómo seguir la pelea.

 

Esta es una lección importantísima para los activistas y todos los docentes, necesitamos recuperar la Conadu Histórica como un sindicato independiente del gobierno, los rectores y los partidos del régimen. Antes del 20 de mayo deben convocarse a elecciones en la Conadu Histórica, que deben realizarse en septiembre, la Agrupación Nacional Naranja llama a constituir una lista que luche por nuclear a todo el activismo que se opone a este giro abiertamente progubernamental de la mayoría oficialista que está vaciando a la Conadu Histórica. Llamamos a todos los luchadores a recuperar la federación que construimos para terminar con los salarios que no cubren la canasta familiar, la inestabilidad laboral, la flexibilización, el trabajo gratuito de los ad-honorem, la falta de un convenio colectivo de trabajo único y de aplicación obligatoria en todo el país, la ciudadanía plena de todos los docentes preuniversitarios y universitarios, la derogación de la ley menemista de educación que el gobierno mantiene desde hace 12 años y poner a la universidad pública al servicio de la mayoría nacional y no de los negociados de las camarillas universitaria.