Setecientos trabajadores de la base de Ezeiza (donde trabajan 800) han presentado a las conduc­ciones del conjunto de los sindica­tos que operan en el medio aero­náutico un reclamo de asamblea general común para “definir una política propia” frente al colapso de la empresa.

El sindicato de pilotos (APLA) ha propuesto como ‘salida’ a la quiebra un plan de salvataje por el que ofrecen hacerse cargo de la empresa con aportes del Estado, las acciones de los trabajadores (10%) y créditos del BID. Este, a su vez, exige que la dirección de la empresa se ponga en manos de un “gerenciamiento externo” (Página 12, 13/2).

Va de suyo que un plan de esta naturaleza lleva a que los pilotos se conviertan en peones de la lu­cha por el desguace de Aerolíneas y en un factor de presión para que el Estado se haga cargo de los des­falcos cometidos.

La política del resto de las organizaciones gira en torno al pedi­do de arbitraje de De la Rúa.

El Partido Obrero plantea la investigación del vaciamiento pro­ducido, el desconocimiento de las deudas fraudulentas y una rena­cionalización sin pago bajo control de los trabajadores.

Cárcel y ejecución de bienes para los responsables de la quie­bra de AA.