El ministerio publico fiscal de Neuquén emitió un comunicado donde informan el inicio de oficio de una investigación por violación al aislamiento social obligatorio a trabajadores y trabajadoras de la educación, entre ellos la comisión directiva de ATEN. La medida judicial está a cargo del fiscal jefe Pablo Vignaroli.

El “incumplimiento a la cuarentena” se refiere a dos medidas de acción. Una,  realizada el  jueves pasado donde una treintena de docentes se acercaron a las puertas de Casas de Gobierno reclamando por el pago adeudado de salarios mal liquidados, el llamado a cubrir horas y cargo y el pago de un bono indemnizatorio por desocupación. Y la otra,  realizada por la comisión directiva de ATEN por reclamos similares en la sede del Consejo Provincial de Educación (CPE).

El intento de penalización tiene un claro objetivo intimidatorio. Es que la fiscalía informó que el inicio de la causa  también iba a recaer sobre dos comerciantes que mediante un video por redes sociales convocan a una movilización para el día martes 28. 

Así, el Estado neuquino pone en movimiento un recurso judicial y represivo con el objetivo de acallar e intimidar todo atisbo de movilización contra las consecuencias sociales y el ajuste en la pandemia. Sucede que la notificación de fiscalía se produce luego de que a las organizaciones sociales y piqueteras  anunciaran una acción a escala provincial.  Y además es un tiro de elevación contra la lucha de los mineros de Andacollo y los obreros de la construcción de la empresa Luciano SA.

En una provincia donde se prepara un ajuste sobre salarios del conjunto de los estatales, en la asistencia social y crece la pobreza, la carestía y el hambre, el gobierno y la justicia se preparan para enfrentar las distintas manifestaciones de lucha.

Rechazamos la criminalización de la protesta social y llamamos a la máxima unidad de los luchadores populares.