En Neuquén capital veinte auxiliares de servicio de entre 20 y 36 años fueron despedidas/os de manera arbitraria el 10 de junio, a tan solo un mes de haber ingresado. La incorporación de las compañeras/os fue bajo cumplimiento de los requisitos y modalidad del convenio colectivo de trabajo correspondiente a la Ley 2890, lo que significa que se inscribieron en el año 2019 durante el llamado abierto y público para los cargos de auxiliares de servicio en los establecimientos escolares dependientes del Consejo Provincial de Educación (CPE).

La notificación de baja del 10 de junio, retroactiva al 8 de junio, no especifica la causa de tal decisión por parte de la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos. Asimismo, han incumplido la reunión comprometida para el 22 de junio por la misma repartición que ejecutó los despidos. Según consta en una nota, “no se encontraban en la nómina formalizada desde la Comisión de Evaluación del concurso” (tal como establece el CCT, Ley 2890). Un error del que claramente las trabajadoras/es no son responsables, pero que tuvieron que pagar con sus puestos de trabajo. Tampoco han sido recibidas/os por la ministra de Educación provincial, Cristina Storioni.

La única respuesta que recibieron fue la presencia policial, el cierre de los portones y otros accesos del CPE cuando fueron a solicitar explicaciones y audiencias.

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Por donde se lo mire, es una acción absolutamente arbitraria y discriminatoria. Pues si se trata de una supuesta “falla administrativa” de la patronal, obra como pretexto para convalidar 20 despidos. Y si así fuera el caso, no corresponde bajo ningún término que la resolución sea despedirlas/os.

En la vereda contraria a una mínima acción de defensa por parte de ATE, la dirección de Quintriqueo ha lanzado extraoficialmente una campaña de desprestigio contra las compañeras/os en vez de hacer lo que corresponde: defender los derechos de las y los trabajadores, que claramente estos despidos vienen a vulnerar por todos los flancos. Tampoco abrió la boca la dirección de Trabajadores por la Educación Popular (TEP) de ATEN y sus integrantes del Cuerpo Colegiado en el CPE. La integración al Estado de las burocracias sindicales es total.

La diputada del Partido Obrero por el Frente de Izquierda – Unidad, Patricia Jure, ha acompañado las acciones de las y los despedidos tanto en el Consejo de Educación como en Casa de Gobierno. El bloque del FIT-U presenta dos iniciativas, pidiendo informes y pronunciándose por la inmediata reincorporación. El lunes 28 de junio, este reclamo será parte de las reivindicaciones y luchas que se unen en el caravanazo provincial.

En medio de la pandemia, hay 20 familias que se han quedado sin el salario que sostiene la subsistencia. Arrojadas a la más completa incertidumbre. La ministra Cristina Storioni y el CPE son responsables de resarcir esta grave violación de los derechos laborales.

¡Vamos por la reincorporación!