En el año 2015 la empresa Andacollo Gold vació la mina del lugar y dejó a 150 obreros en la calle. 

 

La lucha que llevaron adelante, con cortes de ruta y el paro solidario de la CTA Norte (recuperada), le arrancó al gobierno un compromiso de pagar los salarios, que finalmente no abonó en tiempo y forma. Tampoco cumplió con los aumentos por las paritarias y el Convenio de Trabajo que debía ser respetado. Los trabajadores contraprestaron en diferentes organismos públicos, sin obra social ni aportes jubilatorios.

 

Desde nuestras bancadas del PO-Frente de Izquierda, presentamos varias iniciativas en la Legislatura y en el Concejo Deliberante de Andacollo, en defensa de los derechos obreros y por la estatización para la reactivación, así como el cuidado del medio ambiente, bajo el control de un comité obrero minero electo en asamblea. Y para que Andacollo Gold responda por el vaciamiento producido, luego de haber recibido subsidios estatales y haber dejado un pasivo ambiental.

 

En 2016, el gobierno de Macri, acompañado de gobernadores del Frente para la Victoria, implementó la quita de las retenciones a las exportaciones mineras. En agosto de ese año, el gobierno provincial anunció una nueva concesión de la mina vaciada, ahora a la empresa Trident Southern Explorations SPA.

 

Con la experiencia precedente, los obreros tenían dudas sobre las condiciones para la reapertura de la mina. Y por ello solicitamos desde la banca un informe minucioso que fue cajoneado en la Legislatura y respondido con actos oficiales en donde el gobernador Omar Gutiérrez (MPN) y la empresa garantizaban todos los puestos de trabajo.

 

Más lucro, más despidos

 

Según cálculos de las propias empresas, con la eliminación de las retenciones, las ventas aumentaron un 5% y los costos bajaron el 8%. No obstante, a la hora de poner en marcha la producción, lo primero que hizo la nueva adjudicataria fue despedir a casi la mitad del plantel de trabajadores mineros con la excusa de que no pasaron los exámenes médicos.

 

Es que no estamos ante una “inversión productiva”, sino que la nueva adjudicataria es el mascarón de proa de los reales “inversores” unos especuladores inmobiliarios del estado de Nevada en Estados Unidos (Transcontinental Realty Advisors Inc). Tanto CorMiNe (Corporación Minera de Neuquén). Como el propio gobernador Gutiérrez, entregaron la licitación a unos aventureros especuladores.

 

Un papel clave de contención de los reclamos ha jugado la dirección de AOMA, el sindicato minero.

 

Ante los nuevos despidos, los trabajadores salieron a luchar a pesar de Aoma, con un corte en el puente donde estuvieron tanto los despedidos como los no despedidos. 

 

El gobierno provincial volvió a actuar para apagar el incendio, en medio de una oleada de telegramas en toda la provincia y propuso una salida que deja en la precariedad a todos los despedidos. Por un lado, para quienes están en edad de jubilarse propuso una jubilación sin especificar si se van a considerar los derechos salariales perdidos en estos dos años. Para los demás, un nuevo examen médico o la absorción por CorMiNe en emprendimientos de dudosa sustentabilidad, a través de cooperativas que apuntan a la autoexplotación, más que a la defensa de los puestos laborales. Esta “salida” oficial da por sentado más de cuarenta despidos en la minera, avalando su pretensión de bajar “el costo laboral”. Se tiene que reincorporar a todos los trabajadores, pagarles los aumentos adeudados y garantizar los derechos que les asisten bajo su convenio.

 

La lucha por la estatización, sin pago a los vaciadores, bajo control obrero, está más vigente que nunca.