Las grandes empresas de servicios petroleros como Halliburton, San Antonio, Schlumberger, Weatherford y Pecom han comunicado a sus trabajadores que pagarán los salarios en cuotas, ofrecerán retiros voluntarios y procederán a suspensiones generalizadas, que se agregan a las ya acordadas. Este mazazo contra los trabajadores se produce a pocos días de firmado el acuerdo entre las cámaras empresariales, los sindicatos del sector y el través del Ministerio de Trabajo.

San Antonio informó que pagará una parte este lunes 4 de mayo y la próxima el lunes 11, aduciendo que no dispone de fondos, pero no informa el monto de los salarios a pagar. Weatherford comunicó la suspensión de todo el personal desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo. En el caso de Halliburton, la patronal pagó una parte del salario el día 30 de abril y la segunda cuota no tiene aún fecha definida. Schlumberger y Pecom ofrecieron programas de retiros voluntarios, con una indemnización adicional del 100% y el 70 % respectivamente, bajo la presión de avanzar si no con despidos masivos.

Los argumentos empresariales son ya conocidos. Aducen que el parate generado por el coronavirus desmoronó la demanda de combustibles (estipuladas en un 50 % para el gasoil y un 80 % en la naftas), y suman a ello la caída del precio del barril de petróleo, pero se trata de multinacionales que tienen espalda financiera para cubrir los pagos a los trabajadores. Agregan también la quiebra de la cadena de pagos, empezando por los de YPF, pero ocultan que en el paquete entran las reestructuraciones de sus propias deudas, que en el caso de San Antonio implica negociaciones por 106 millones de dólares.

Estos ataques a los puestos de trabajo y los salarios tiran como un castillo de naipes el acuerdo firmado por el sindicato y las empresas de servicios petroleros “para proteger el empleo”. Con estas suspensiones y rebajas salariales, las patronales utilizan la crisis para presionar por mayores concesiones estatales: la instalación del llamado barril criollo, la dispensa en el pago de regalías y la total libertad de girar dividendos al exterior; además de postularse al subsidio con plata de la Anses para pagar los salarios.

El Partido Obrero levanta un programa de salida a la crisis opuesto al de las empresas, el sindicato y el gobierno, partiendo de la apertura de los libros de las empresas, de prohibir los despidos y suspensiones promoviendo el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Estas medidas de urgencia forman parte de un planteo de nacionalización de la industria energética bajo la dirección de una operadora estatal única dirigida por los trabajadores. Sería una disposición de estricta necesidad ante esta masacre laboral.