Por décadas, los trabajadores del área de Desarrollo Social han ejercido su trabajo bajo la batuta de punteros del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y en condiciones de precarización laboral. Los monotributos y otras formas de fraude laboral conforman hoy la forma mayoritaria de contratación del plantel del ministerio.

 

Hace casi diez años se inició el debate de un Convenio de Trabajo.

 

El texto que llegó a la Legislatura para su aprobación, avalado solamente por UPCN, incorpora la figura de ¨personal eventual¨ para que la patronal siga contratando personal sin estabilidad y fuera de Convenio; mantiene el régimen sancionatorio del EPCAPP (el viejo Estatuto del Empleado Público del año 1.958); incorpora la figura del ¨recargo¨ y la ¨dedicación especializada¨ para abaratar el costo que la patronal debería pagar al mayor valor de la hora extraordinaria. Incorpora los ¨servicios mínimos obligatorios¨ (servicio esencial), es decir una verdadera cláusula anti-huelga y un cronograma de licencias que organiza y determina la patronal, entre otras medidas. Vale decir que todas estas disposiciones, que en gran medida, ya eran impuestas en los hechos por el gobierno (patronal) ahora quedaran legalizadas por este Convenio negrero.

 

 

 

El Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) fue aprobado en medio de una sesión escandalosa y con un fuerte operativo policial que impidió, con palos, gases y balas de goma la protesta de los trabajadores de ATE. La represión por parte de la policía provincial y la violación de las normas internas que se deben respetar para la sanción de la ley aprobatoria reflejan que la imposición contra viento y marea de este convenio era una cuestión de Estado para el MPN. Es que la precarización de los trabajadores que desarrollan sus tareas en los sectores más empobrecidos y vulnerables es también una condición vital para el desarrollo del ajuste en regla contra el pueblo de Neuquén que recibe la llamada “acción social del Estado”. Fue esta denuncia la que resaltó la diputada Patricia Jure, del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, frente a los bloques ajustadores en la Legislatura.

 

A la luz de lo ocurrido es importante que los estatales discutamos a fondo las conclusiones de este proceso de lucha.

 

La reactivación del debate del Convenio se produjo en febrero de este año, cuando el gobierno negoció con UPCN la homologación y dejó afuera a ATE por ser el sindicato minoritario en el sector. Fue a partir de allí que ATE agudizó su orientación de parar el Convenio a través de la vía judicial, ordenando reforzar una campaña de afiliaciones para convertirse en sindicato mayoritario.

 

La dirección de Carlos Quintriqueo y Jorge Marillán no puede cuestionar el contenido flexibilizador porque en otros sectores donde ATE es mayoría ha firmado convenios similares. ATE priorizó el faccionalismo contra UPCN por los negocios que se obtienen por el “uso del Convenio” por sobre el interés general de los trabajadores de Desarrollo Social. Es que el gobierno paga a los gremios un porcentaje por el uso de convenio por el plazo de un año. El sindicato con mayor cantidad de afiliados, claro está, cobra un mayor porcentaje.

 

Así las cosas, la estrategia utilizada por la burocracia fracasó frente al plan del gobierno del MPN de ir a fondo con este Convenio y dilapidó el potencial de lucha de los trabajadores.

 

Se impone la necesidad de discutir este balance en los lugares de trabajo para proceder a un reagrupamiento independiente de las burocracias sindicales para enfrentar el ajuste y la precarización de nuestras condiciones de trabajo.

 

Los estatales no podemos apoyar a las direcciones que nos llevan de furgón de cola de los candidatos del Frente para la Victoria y el PJ y que son parte de la flexibilización de las condiciones laborales y los techos salariales. Los partidos de la “oposición” son parte de la “coalición del ajuste”: le han votado las leyes esenciales al gobierno de Cambiemos para profundizar la confiscación de nuestras condiciones de trabajo, el salario y las condiciones de vida.

 

Como rueda de auxilio electoral y política de esa “oposición” vamos al fracaso y la derrota.

 

Empalmemos nuestros reclamos con una perspectiva de independencia política de las patronales y del Estado.