El año comenzó con una ofensiva redoblada del gobierno contra los trabajadores: a los tarifazos expropiatorios -en el transporte, el gas, la electricidad y el agua- se suma la pretensión de avanzar con la reforma laboral, archivada por las rebeliones obreras de diciembre de 2017.

El macrismo busca recuperar de este modo la confianza de los capitalistas, horadada por el derrumbe económico imparable.

En línea con esto, las patronales han lanzado una ola de despidos masivos en respuesta a la debacle industrial. La única medida que toman es descargar la crisis sobre los trabajadores. En noviembre, la caída fue de 13,3% y el uso de la capacidad instalada bajó por séptimo mes consecutivo, alcanzando el piso de toda la gestión Cambiemos.

El objetivo es achicar planteles al mínimo y desarticular la organización sindical en las fábricas, para arrasar con los convenios colectivos e imponer “de hecho” un salto en la precarización y la flexibilización de la mano de obra. Daniel Funes de Rioja, uno de los capos de la UIA, declaró que los despidos eran “un mal necesario” para recuperar competitividad. Se trata de una orientación de fondo del Estado y las patronales. Buscan asestarle un golpe estratégico a los trabajadores y establecer un nuevo régimen de explotación en la Argentina.

CGT-CTA: el “lejano” 2019

El protocolo antidespidos, que la CGT utilizó para justificar el “levantamiento” del sugerido quinto paro general, resultó tan inútil que el gobierno resolvió desactivar formalmente el Decreto de Necesidad y Urgencia. “Los empresarios, en su mezquindad, aprovechan cualquier hueco legal para avanzar con despidos”, se quejó un impresentable Héctor Daer, como si fuese un comentarista ajeno al problema.

La burocracia sindical, en especial la llamada “opositora” -el moyanismo y la CTA- es la viga maestra de una tregua, apenas disimulada con algunas declaraciones (como la promesa de un paro “para abril o mayo”) o tibias convocatorias a “no abandonar las calles”. Su estrategia no es confrontar hasta derrotar el ajuste sino acumular para el recambio electoral. Ya lo dijo el kirchnerista Hugo Yasky: “hay que evitar los paros” en el año de las elecciones.

Pero el desastre social empuja en otra dirección. La tibia iniciativa de la Marcha de Antorchas, contra los tarifazos y los despidos, fue un registro del clima de bronca creciente contra el gobierno, pese al poco empeño que le pusieron las organizaciones del Frente Sindical, cuyas delegaciones fueron flaquísimas.

La participación “no organizada” fue el dato destacado; la consigna de “paro activo de 36 horas”, que presidió la columna independiente del Plenario del Sindicalismo Combativo, fue recibida con cánticos, al ingresar éste a la Plaza de Mayo, luego de realizar un acto propio.

Una tendencia a la acción directa

La escalada de despidos, por otro lado, dio lugar a una serie de movilizaciones, acampes y ocupaciones, que lograron instalarse en el escenario sindical: Interpack, la ex Nidera, Pilkington, Siam, los ingenios tucumanos, Sport Tech, entre otras. Más allá de las diferencias que cada conflicto presenta en sus formas y orientaciones, tomados como un todo, contrastan con la pasividad de la burocracia y sientan las bases de una reacción obrera a la ofensiva patronal, basada en métodos de acción directa.

Es necesario impulsar la más amplia solidaridad con estas luchas y, en la medida que sea posible, coordinar acciones comunes, incluyendo una movilización en la primera quincena de febrero, por un paro activo nacional de 36 horas, contra los despidos, los tarifazos y la reforma laboral.

Es el rumbo que el Sutna propuso, a través de una carta abierta, al Plenario del Sindicalismo Combativo y a todos los sindicatos dispuestos a luchar por una salida obrera a la crisis en curso.

En contraposición a las marchas de aparato o las “acciones judiciales contra los aumentos de los servicios” (replicando lo de los intendentes del PJ), que propone la burocracia sindical, planteamos: ¡Ni tarifazos ni despidos! Por un paro activo de 36 horas y un plan de lucha para derrotar el plan de ajuste y despidos del gobierno y las patronales. Ocupación de todo lugar de trabajo que cierre o despida. Reparto de horas de trabajo. Defensa irrestricta de los convenios colectivos. Anulación de los tarifazos, apertura de los libros y estatización de las empresas de energía y servicios, bajo control de trabajadores. Que la crisis la paguen los capitalistas.



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