El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por el lapso de diez días en el conflicto de la Línea 60, quedando sin efecto cualquier sanción contra los trabajadores, por lo que deberán ingresar los diez choferes despedidos.

 

La huelga apunta, como reclamo formal, contra las enormes violaciones en materia de seguridad e higiene que hace diez meses se cobraron la vida del mecánico David Ramallo. Pero todas las partes asumen que también forma parte decisiva en el conflicto la reincorporación de los despedidos, acusados de provocar disturbios aquel día, indignados ante la pérdida del compañero por la responsabilidad criminal de la empresa. Chivos expiatorios en un armado de la patronal y la Justicia, para desviar el foco de atención de dicha negligencia imperdonable.

 

La intransigencia de la empresa Dota en las tratativas demostró que no sólo no pretende hacerse cargo de su inconducta, sino que va más lejos, con la mira puesta en liquidar al cuerpo de delegados y al activismo de tradición combativa como parte, probablemente, de una reformulación empresarial de la línea. En una solicitada acusó a la UTA de golpear a la empresa en beneficio de otros competidores. Efectivamente, la UTA ha tomado un protagonismo en la conducción del conflicto, diferente y opuesto a la tradicional hostilidad de esa burocracia hacia los luchadores de la 60. Con lo que no se descarta que Roberto Fernández, el secretario general del gremio, haya llegado a esta medida debido a sus propias disputas “empresariales” con Dota y no a algún tipo de vocación de defender a los trabajadores, a los que combatió en el pasado, incluyendo el uso de patotas.

 

La conciliación obligatoria que dictan Triaca y Dietrich (ministros de Trabajo y Transporte, respectivamente), responde en parte a la intención de evitar que se profundice un conflicto en la Línea 60, teniendo las Paso a la vuelta de la esquina. Pero cualquier negociación que no resulte en la reincorporación de los despedidos, reabrirá el conflicto, planteando al cuerpo de delegados la necesidad de tomar medidas de lucha. No hay duda de que no será la burocracia de la UTA, impulsora actual del paro, quien lleve a los trabajadores a la victoria. Su intervención se ha limitado a trámites legales y administrativos, sin evidencia alguna de que se la va a jugar ni por los despedidos ni por las condiciones de trabajo ante la intransigencia empresarial. Por eso, sería un camino sin salida que el cuerpo de delegados se subordine a las maniobras de la camarilla de Fernández.

 

Por ejemplo, fue ésta la que impuso que el paro no gane la calle con movilizaciones y agitación hacia la población, con el argumento de no perturbar las negociaciones. Así, la medida pasó casi desapercibida, excepto para los usuarios de la línea. Un condicionamiento de la burocracia que pretende, entre otras cosas, que los combativos delegados de la 60 no se vinculen con las grandes movilizaciones de “Autoconvocados” de UTA, contra la burocracia de Fernández.

 

Al término de la conciliación ministerial, todos estos factores se pondrán en juego. Si pasan los despidos, será un gran golpe al activismo de la línea y un punto para la patronal en su intento de quedar impune por el crimen del trabajador Ramallo. Aparte de ser el puntapié inicial para un ataque mayor contra una línea combativa, que podrá incluir nuevos despidos y represalias. La mejor herramienta que tienen los trabajadores de la 60 es su propia organización. Y la forma de enfrentar los despidos, una lucha en unidad, independiente de la burocracia y sus negociados, profundizando el plan de acción hasta la reincorporación definitiva de todos los trabajadores y condiciones óptimas de seguridad laboral.