Hace más de dos meses que los maestros entrerrianos sostienen una huelga en el más absoluto aislamiento.

Denuncian el abandono de la educación por parte del Estado provincial y reclaman los tres meses de salario adeudados, el pago de la ayuda escolar y el aguinaldo, el pago de aportes a la obra social, la urgente atención del deterioro de los edificios escolares que se encuentran en estado crítico, el pago de transporte a los alumnos de escuelas rurales, los atrasos de las partidas de comedores y el pago inmediato de las becas escolares.

La única respuesta del gobernador Montiel ha sido la judicialización del conflicto.

La jueza de instrucción Susana Medina de Rizzo dispuso el cese de la huelga docente a partir del lunes 12. Pero, lo que NO dispuso, fue el pago inmediato de la deuda salarial ni el cumplimiento de las obligaciones indelegables del Estado de garantizar el estado de salubridad y seguridad en los edificios escolares, entre otras cosas.

El fallo fue de aplicación efectiva en Paraná, pero los docentes no pudieron llegar a sus lugares de trabajo porque el transporte público se negó a llevarlos sin cobrarles boleto. Tampoco se depositaron los 40 pesos en concepto de adelanto de haberes (que serán descontados de los sueldos de abril), con los que el gobierno pretende resolver el problema de los gastos de traslado. La huelga continúa en otros departamentos de la provincia.

En la audiencia de conciliación convocada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, no se arribó a ninguna instancia de resolución. El gobierno provincial estuvo ausente.

Los maestros entrerrianos dispusieron continuar la medida de fuerza hasta el 23 de mayo, apelar el fallo patronal de la jueza Rizzo y la medida cautelar presentada por siete defensores de menores y aceptada por la jueza de instrucción, y la realización un nuevo congreso el 24 de mayo.

La Ctera y la Cta deben dejar de disimular su pasividad con simples declamaciones y ponerse en acción organizando una lucha de conjunto contra este ataque a los trabajadores.