11/04/2002 | 749

No a los desalojos

Por Matías

La situación de las familias que viven precariamente en casas ocupadas se viene agravando. Los juicios de desalojo en trámite suman mas de 400, y en muchos de ellos el lanzamiento es inminente.


En el edificio de Yatay y Potosí, las familias que habitan deben desalojarlo en junio, cuando vence un convenio de desocupación. En Potosí, los vecinos han sido notificados por el juzgado interviniente del remate de la casa que ocupan para el próximo 18 de abril, lo cual, es el preludio para el desalojo, una vez que se conozca al nuevo dueño.


En Perón 2060, donde viven 54 familias, continúa el juicio, que podría tener un desenlace este año pese a que, en este caso, el dueño es el gobierno nacional.


La situación más grave, por su envergadura, es la de «La Lechería», ocupada por 160 familias *más de 700 personas, entre adultos y chicos*, cuyo desalojo, de no mediar una solución, podría efectivizarse este año.


El común denominador de todos estos casos es la falta de respuesta del gobierno de Ibarra. Los compromisos establecidos, ya sea por la Comisión Municipal de la Vivienda, por Promoción Social o por ambos organismos en conjunto, no son respetados. El cambio de funcionarios (como ocurrió con Promoción Social con la remoción del anterior secretario del área, o como acaba de ocurrir con Jozami en la Comisión Municipal de la Vivienda) es un pretexto para nuevas postergaciones.


Asistimos a una política de excusas premeditada que oficia de pantalla del verdadero problema: el ajuste presupuestario en marcha. El gobierno porteño pretende disimular el drástico recorte de partidas a Promoción Social y, principalmente, a la CMV. Los fondos destinados, esta última ni siquiera alcanzan para cumplimentar ciertas obras cuya ejecución estaba aprobada y que contaban con su correspondiente previsión presupuestaria. Ni hablar de que con el actual presupuesto la CMV no está habilitada para ejecutar ningún emprendimiento nuevo.


Llueve sobre mojado


El panorama tiende a agudizarse en forma proporcional a la catástrofe económica y social. La carestía que devora los salarios, el incremento de la desocupación y las suspensiones, y los recortes de los sueldos, determinan que crecientes sectores de trabajadores y capas medias de la población no puedan pagar los alquileres.


Mientras que el gobierno se ha preocupado por establecer compensaciones y premios a los banqueros y empresarios a los cuales se les ha licuado la deuda, no ocurre lo mismo con los inquilinos. La pesificación de los alquileres no es suficiente para proteger a los afectados, quienes tienen como espada de Damocles la temida indexación de los alquileres: en medio de la actual inflación, el ajuste de los alquileres previsto por el gobierno a través del CER (coeficiente de corrección elaborado en base a la evolución del costo de vida) terminará por ser impagable. Bajo esta amenaza están incluidas las familias de los complejos habitacionales comprendidos en la ley 177, desde el momento en que el modelo de escritura que se pactó en su momento y que comenzó a instrumentarse a fin del año pasado (aunque resta una gran mayoría de escrituras) contempla cláusulas indexatorias de esa naturaleza.


Encima, a partir de mayo comenzará a regir la modificación establecida en el Código Procesal Civil, que faculta al propietario a un desalojo inmediato, sumario «de un inmueble o local por falta de pago o vencimiento del contrato». La modificación corresponde al «artículo 684 bis que alude a los desalojos por falta de pago o vencimiento de contrato y a la desocupación inmediata» (Crónica, 23/11). La expulsión de los inquilinos se extiende a otras figuras como «los desalojos por deterioro del inmueble o uso abusivo o cambio de destino», aunque en esta circunstancia el juez «debe realizar junto al defensor oficial un reconocimiento (visita) judicial previo al lugar». Anteriormente estas disposiciones regían solamente en el caso de usurpaciones. Ahora se ha ampliado el universo de casos. Como lo sintetizó un juez, «las reformas representan una abreviación del juicio de desalojo».


Programa


Esta situación reclama un planteamiento de conjunto:


1) Empadronamiento de todos los ocupantes precarios e inquilinos en situación comprometida para continuar abonando sus alquileres. Suspensión de desalojos en todos los casos que se compruebe una modificación significativa en los ingresos, situación patrimonial y laboral del núcleo familiar o persona involucrada (pérdida del trabajo, despido, suspensión, rebaja salarial, ajuste de alquileres desproporcionado con respecto a la variación del ingreso). Compensación económica de todos pequeños propietarios titulares de una única propiedad en alquiler mediante un fondo que se cree mediante un impuesto extraordinario a los grandes contribuyentes de la Ciudad.


2) Inventario de todos los inmuebles desocupados o en situación dominial irregular de la Ciudad para afectarlos a un plan de viviendas sociales. Inventario de los inmuebles y predios de la Ciudad y su puesta a disposición para la construcción de viviendas económicas.


3) Creación de un fondo de 300 millones de pesos del presupuesto de la Ciudad para financiar el plan enunciado en el punto anterior.


En el terreno inmediato, planteamos:


1) Basta de postergaciones y bicicleteos. Que se respete y efectivice en forma inmediata el convenio establecido con «La Lechería». Que se proceda a la compra del edificio de Perón 2060 al gobierno nacional.


2) Que la CMV financie un alquiler en todas los casas con inquilinos precarios bajo inminente desalojo, de modo de facilitar una postergación del mismo. Que se forme una mesa con cada grupo de familias de los inmuebles comprendidos para avanzar en una solución definitiva.


3) Entrega de terrenos a los desalojados del Bajo Flores (Carpa del Aguante), Villa Dulce y demás asentamientos afectados.


Todas las conquistas que el movimiento de la vivienda logró el año pasado fueron obra de una firme y sostenida movilización. De esa forma se arrancó el convenio de «La Lechería» y el compromiso de escrituración de terrenos, la entrega de los inmuebles de Sarandí, el pago de los subsidios a las familias desalojadas del Bajo Flores, la postergación de múltiples desalojos. Ahora, debemos redoblar la movilización que nos permitió acceder a esos primeros triunfos y convertir la causa de la vivienda en una gran causa popular, incorporando a esta lucha a los miles de familias que ya están afectadas o que están en vías de serlo.

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