En plena pandemia del Covid-19 y siendo un servicio esencial para nuestros adultos mayores, la obra social nacional de los jubilados (PAMI) se lanzó a despedir a unos 150 trabajadores, aunque algunos medios señalan que serían alrededor de 300.

Según reportan los gremios Sutepa y ATE, los empleados cesanteados son 120 contratados y 30 de planta permanente. Como botón de muestra, en la delegación Salta hubo cuatro despidos, en la localidad bonaerense de Luján uno y así otros tantos en filiales de varias provincias. Es clave que de las direcciones de los sindicatos mencionados haya un plan de acción y movilización al respecto.

Esta situación con el PAMI no es un rayo en cielo sereno. Ya en el transcurso del año 2020 y en medio del Aislamiento Social Obligatorio decretado por el gobierno nacional, afloraron varias problemáticas como contagios masivos en varias UGL (reparticiones), una enorme precarización y sobrecarga laboral y falta de los protocolos sanitarios correspondientes en las oficinas de atención, exponiendo a un enorme riesgo al personal y a los afiliados. Por otro lado, estas cesantías son una verdadera provocación, cuando en estos meses se estaba reclamando la paritaria del sector y esta semana se anunció el nuevo decreto presidencial de prohibición de despidos. También, se denuncia que a la vez se han hecho nombramientos masivos de cargos de personas alineadas políticamente a la actual gestión y desplazando a los empleados de carrera.

De todos modos, la cuestión de fondo tiene que ver con un ataque más general a los jubilados por parte del gobierno de Alberto Fernández. Ya de por si, el presupuesto del 2021 preve “un recorte del 26,1% a las prestaciones del PAMI” (IProfesional, 11/11/2020). Se suma al hecho de haber aprobado en el Congreso la nefasta nueva fórmula de movilidad jubilatoria, a la medida del brutal ajuste que ejecuta el ministro de Economía Martín Guzmán y que reclama el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por último, llamamos a impulsar asambleas y organizarnos para luchar por la inmediata reincorporación del personal despedido del PAMI, basta de ajustes y la necesidad de que sean los jubilados y sus trabajadores los que tomen el control de la mayor obra social de la Argentina.