El acuerdo firmado por el SEP y el gobierno de Córdoba ha naufragado como consecuencia de la amplia resistencia de los trabajadores al recorte salarial (eliminación de bonificaciones).

Se ha desarrollado a lo largo de la pasada semana un reguero de paros, asambleas y movilizaciones de distintas reparticiones; el estado de ‘efervescencia’ en la base del gremio ha obligado a la burocracia de Pihén a declarar un paro y movilización para el miércoles 15, a convocar a un plenario de activistas y delegados y a declarar que no va a continuar en la ‘mesa de concertación’.

La respuesta de los trabajadores ha sido repudiar a la burocracia y a su política. Los trabajadores de Casa de Gobierno resolvieron en asamblea (después de varias movilizaciones dentro del edificio) “rechazar totalmente el acta firmada, adherir a la jornada del miércoles, la creación de un cuerpo de delegados de Casa de Gobierno, el levantamiento de la ley de Emergencia en forma total y la convocatoria a una asamblea general de empleados públicos”. Para La Voz del Interior, “el ajuste de Mestre ha logrado motorizar a esos empleados, tradicionalmente remisos a participar de asambleas y mucho menos de protestas callejeras” (11/5). En la Dirección de Educación, los trabajadores plantearon en asamblea un básico de 500 pesos y la incorporación de los adicionales al básico, así como la exigencia de asamblea general (llegando incluso a condicionar su participación en la jornada del 15 a la convocatoria de la misma).

El reclamo de asamblea general se ha convertido en una cuestión vital, porque existe un declarado rechazo en la base del gremio a la política de la Directiva. Las resoluciones de las asambleas de repartición están dando un programa de acción que apunta directamente a la derogación de la ley de emergencia y, por lo tanto, a rechazar la modificación de los estatutos y del escalafón salarial a la que la burocracia se había comprometido en la ‘mesa de concertación’ con el gobierno. A pesar de que Pihén acusa al gobierno de una “lectura perversa del acta”, los trabajadores la han acometido contra la directiva, a quien consideran responsable de la entregada.

El conflicto plantea un viraje en la situación política provincial, pues Mestre se preparaba a aplicar ‘alegremente’ el dictamen del Banco Mundial de reducir los salarios a 200 pesos, eliminar las actuales bonificaciones por un premio a la productividad y asistencia, y liquidar las conquistas del actual estatuto. Ahora enfrenta un cuadro conflictivo general que incluye a los trabajadores de Dipas (que culminaron una semana de paros y movilizaciones), judiciales, etc.

La Coordinadora de Gremios Estatales, sin embargo, se ha cuidado de no generar ninguna acción. Bazán, del Sipos, que criticó esta actitud de la Coordinadora, el viernes levantó la lucha de Dipas a cambio de entrar en una ‘mesa de concertación’ con el gobierno, dividiendo así a los trabajadores dentro de la empresa y separándolos del resto de los empleados estatales.

En Córdoba, toda la situación impone la necesidad de una lucha común en defensa del salario y de las conquistas obreras (convenios y estatutos), tanto de los estatales como de los privados (atacados por la versión industrial del dictamen del Banco  Mundial: el convenio Fiat-Smata). Es decir que está planteado el paro activo provincial y la convocatoria a un plenario general de activistas y delegados de todos los gremios para resolver un plan de lucha y un programa de acción. En este sentido está colocada la convocatoria al plenario del 31, efectuada por varias agrupaciones sindicales antiburocráticas.