El propósito que reunió a la burocracia de los Gordos, Gerardo Martínez y Caló en la CGT Balcarce fue reconstruir un puente con el gobierno de Cristina. Pero se desató una crisis de alto voltaje alrededor de un tema muy sensible para toda la burocracia sindical: las obras sociales. Por la resolución 1200 de la Superintendencia de Salud (SS), se transforman en “no obligatorios” los reintegros por tratamientos complejos, los que pasan a ser “responsabilidad integral” de las obras sociales ante cada beneficiario. El manejo de los reintegros pasaría a depender de las “posibilidades del presupuesto público”, cuando sus fondos provienen del Fondo Solidario de Redistribución (FRS), basado en un aporte por trabajador y, por lo tanto, propiedad de las obras sociales, no del Estado, el que es apenas su administrador de acuerdo con la ley menemista. Al igual que con las ART, el gobierno agrava el régimen noventista.

No se trata apenas de un equívoco. La resolución 1200 va muy lejos en un avance hacia la estatización del control de fondos y manejo de las obras sociales. Por ella, la superintendencia indicaría también qué laboratorio, droguería o proveedor de prótesis contratar (La Nación, 24/10). Es más, la resolución resucita las “mandatarias” o “gerenciadoras” que fueron excluidas al emerger el caso de la mafia de los medicamentos: son las intermediarias que tercerizaban los reintegros.

Hay también un ataque contra todas las coberturas por discapacidad, lo cual aceleró una movilización de las organizaciones del sector. El decreto suspendido establece un techo de 2.800 pesos para el total de gastos de educación especial, rehabilitación, transporte y otros ítems para hijos o beneficiarios con capacidades diferentes, lo cual no alcanza para nada y se traduciría de inmediato en recortes. Varios institutos declararon que, en esas condiciones, irían al cierre.

El decreto no se anuló, pero se suspendió hasta fin de mes. El gobierno abrió un “diálogo” con su flamante burocracia adicta para “consensuarlo”, lo cual recuerda el caso de la “consensuada” reforma laboral argentina o la más reciente dispuesta en España, donde los sindicatos son colocadas discutir el tamaño y la modalidad de la usurpación de conquistas laborales.

Negociarán sobre un despojo -o mejor: sobre un nuevo despojo-, porque en lo que va del año fueron liquidados 2.000 de los 5.000 millones ingresados al FRS. El resto fue usado para adelantos al Tesoro. La Auditoría General de la Nación determinó en 14.300 millones el dinero total de deuda acumulada en la década kirchnerista. Ismael Bermúdez estira esa cifra a 15.000 millones (Clarín, 3/11).

Sentarlos a negociar sobre una resolución que cuestiona los reintegros mismos significa, a buen entendedor, el default definitivo de la deuda acumulada. Conviene aclarar aquí que el FRS tiene dos funciones: financiar los tratamientos de Alta Complejidad (que antes administraba el disuelto APE) y la compensación hacia las obras sociales más débiles, cuyos aportes no lleguen a la cápita del Plan Médico Obligatorio. La usurpación de semejante suma de dinero en esta década ha empujado quebrantos, convocatorias de acreedores de gran cantidad de obras sociales y, fundamentalmente, recortes en la calidad de la salud y el aumento de los aranceles o coseguros, en particular en las más débiles. Hubo concentración en las más poderosas y una migración hacia las prepagas por parte los salarios más altos, al punto que el 40% de los asociados a prepagas provienen del sistema de obras sociales.

Caló y compañía pretendían que le fueran transferidas las prebendas que disfrutó Moyano desde 2003, pero no fue así. Esta crisis con la CGT Balcarce, nacida para apoyar al gobierno, abarca a todos los sindicatos. La línea dominante del gobierno es la captura de cajas para solventar el presupuesto público, así como sus prioridades de deuda y de subsidios (ajuste). Por otro lado, un replanteo político general respecto de los sindicatos, que tuvo su primer capítulo con la ruptura de Moyano. El desembarco de elementos de La Cámpora en el entorno de Tomada no es ajeno a esta situación. Las informaciones indican que los “camporitas” están también entrando al Pami y han copado gerencias clave de la Superintendencia de Salud, que la burocracia de Caló pretendía para ellos.

Barrionuevo, un viejo lobo en el negocio de las obras sociales, movilizó miles de trabajadores (Moyano aportó una parte) a la Superintendencia de Salud para reclamar por toda esta situación, ante lo cual recibió 4 millones de pesos para gastronómicos de los 176 que el gobierno prometió liberar. Se trata de cifras menores en el paquete de la confiscación monumental que han sufrido los trabajadores.

El tema por sí mismo amerita la huelga nacional y debe ser sumado en las asambleas y plenarios obreros a las reivindicaciones de los trabajadores, puesto que el gobierno de Cristina ha robado nuestros aportes. Pero no podemos reclamar simplemente que sean devueltos a la misma burocracia que los malversa, la cual avaló la desregulación-privatización del menemismo, acompañó el despojo en estos años y es la responsable de la mafia de los medicamentos.

Inmediata devolución de los fondos, investigación de las cuentas por comisiones obreras electas; por un sistema único de la salud integrado, universal y gratuito. Incorporamos este programa al debate de asambleas y plenarios con vistas el paro general.