El 17 de abril, una asamblea de los trabajadores despedidos de Panificadora 5 y las Asambleas Populares de Munro y Carapachay resolvió la ocupación de la planta y su puesta en funcionamiento por parte de los trabajadores. En octubre pasado, la patronal despidió sin indemnización a 60 compañeros, a los que les adeudaba tres meses de sueldo. La fábrica está paralizada, sin agua, luz ni gas.

La noche en que fue ocupada la planta, la policía intentó ingresar aduciendo una orden del fiscal (nunca mostrada) de “identificar a los ocupantes”. La firme actitud de los trabajadores dentro de la planta y de las Asambleas en la puerta de entrada obligaron a la policía a retirarse.

Los despedidos y las Asambleas Populares exigieron al Concejo Deliberante de Vicente López la reconexión de todos los servicios para volver a poner en funcionamiento la planta y su municipalización bajo control de los trabajadores. Su producción serviría para abastecer a los comedores escolares y al hospital local.