Los jubilados se han venido movilizando con intervalos de 48 horas a lo largo de la última semana para reclamar el pago de deudas desde junio. La jubilación de julio ha sido cobrada solamente por una minoría y en forma parcial —hasta  200 pesos. Según el gobierno, “el principal inconveniente… para cumplir con los pasivos se centra en la falta de certificados (bonos) de baja denominación” (La Voz del Interior, 11/10) (!!).

Cuando el subsecretario de Finanzas anunció la salida de unificar el pago de haberes atrasados de los meses de julio y agosto con bonos de 500 y 1.000 pesos, el titular del Banco de Córdoba salió a desmentirlo, ratificando el pago escalonado y en cuentagotas.

Lo que ocurre es que la emergencia mestrista ha entrado a su vez en ‘emergencia’. A fines de setiembre, la impresión de bonos alcanzaba ya a los 400 millones, es decir, la mitad del monto total previsto por la ley, lo que no ha impedido su desvalorización y el desarrollo de un mercado negro. “Son dos los grupos que operan mayoritariamente  en ese mercado negro. Uno… casas de cambio que reciben Cecor al 70 u 80% de su valor (y) estarían trabajando en cadena con instituciones de la banca privada. (Otro)… fuertes inversores… que operan con una tasa del 15 al 20% de descuento” (La Voz, ídem).

El gobierno debe 181 millones a los jubilados (73 en Cecor). El gobierno ha dejado de cumplir también el cronograma de pago a docentes y estatales… paga cuando puede. El reparto de los Cecor ha tomado, a su vez,  un ritmo vertiginoso y su valorización puede convertirse en derrumbe. A esta altura, “las empresas privadas han incorporado los Cecor como parte del pago salarial que efectúan a sus empleados”, pero a la vez, “en otros comercios (fuera de los supermercados) se limitó el monto de aceptación de los bonos”. (La Voz, 11/10).

La movilización de los jubilados replantea todos los conflictos contenidos y es el inicio de una resistencia al ‘Plan de emergencia II’.

En los próximos días, el gobierno se apresta a eliminar un adicional de100 pesos que cobran los trabajadores de Obras Sanitarias y de Luz y Fuerza; a poner fin a los contratos de empleados públicos (o renovarlos sólo hasta diciembre, para golpear aprovechando el verano); a transferir maternales y centros de salud pública a los municipios en bancarrota. Junto a los jubilados, el otro foco de conflicto es CIADEA. Campellone (Smata), en el plenario de delegados del Smata, se vio obligado a declarar que ‘habrá guerra’ frente a la situación de 800 trabajadores en la antesala del despido (‘retiros voluntarios’).

La Coordinadora de Gremios Estatales se ha limitado ha acompañar las manifestaciones, sin proponer ningún curso de conjunto.

Los hechos plantean la necesidad de ocupar la Caja hasta que paguen: el paro activo y una marcha para arrancar el pago de todas las deudas, la efectivización de todos los contratados, la no reducción de los sueldos, la no municipalización de la educación y la salud y el no trabajo los días sábados.