La patronal automotriz insiste en que ‘aún’ no está despi­diendo, simplemente porque lo disimula con la no renova­ción de los contratos basura y la aplicación del ‘retiro voluntario’. Las suspensiones son numerosísimas; la ma­yor parte de las empresas dejará de trabajar hasta fines de enero.

Cuando ganan a montones, las patronales superexplotan para “satisfacer la demanda”; cuando caen las ventas, despiden. Ni siquiera se perjudican por el capital inmovili­zado, porque, en la mayoría de los casos, ese capital fue aportado por el Estado en un 60 o 70%, bajo la forma de subsidios, exenciones de impuestos y obras de infraestruc­tura. Lo que queda inmovilizado es el dinero de los contribu­yentes.

La industria automotriz se encuentra excepcionalmente subsidiada por otra razón, porque tiene cautivo el Merco- sur. La protege un arancel externo elevado contra las importaciones, pero ella puede importar sus propios mode­los pagando mucho menos, lo cual le da una salida a su exceso de producción, particularmente en Europa. Los sala­rios, mientras tanto, son los más bajos de la historia y los ritmos de producción los más altos.

La crisis que sufre en la actualidad es la consecuencia de su propio régimen de producción, el cual alienta a toda costa la capacidad excedente. Sin embargo, se la hacen pagar a los obreros.

La presente crisis tiene que ver también con la lucha entre los propios monopolios, que no logran llegar a un acuerdo para el futuro régimen automotriz debido a la competencia entre las industrias de autopartes, que ellos controlan, y que se encuentran alternativamente instaladas en Argenti­na y Brasil. A esto hay que sumar el enfrentamiento con los monopolios coreanos y japoneses, que reclaman los mismos privilegios que ya tienen europeos y norteamericanos.

Ahora reclaman un nuevo subsidio; exención impositiva para un auto económico de 9.000 dólares y un plan canje en el que el Estado paga por el auto usado. Este crimen económico y social es apoyado por la burocracia del Smata y de la Uom. Pero esto no funcionó cuando el ex presidente de Brasil, Itamar Franco, lo quiso imponer allí. Además de la crisis fiscal, agravaría la sobreproducción de la industria. Provocaría la oposición del resto de los capitalistas debido al desvío unilateral de fondos del Estado que significa. La posición de la burocracia sindical es anti-obrera y la ratifica como alcahuete de los patrones.

La salida es prohibir las suspensiones y los despidos y repartir la horas disponibles entre todos los traba­jadores. La producción incesante de automóviles de uso particular y de carácter suntuario constituye, además, un enorme despilfarro de los recursos productivos del país, que son necesarios para construir líneas ferroviarias, escuelas, tractores y toda suerte de material mecánico para la produc­ción. Es decir que se plantea la reconversión de la industria automotriz, lo que no será hecho de ningún modo por el capital privado, es decir que se impone la estatización bajo control obrero. Es un planteo político-social que vale para todos los países de América del sur y de todo el continente.

La campaña político-electoral del Partido Obrero en Córdoba, por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario y por un salario mínimo de 1.200 pesos, que es lo que cuesta la canasta familiar, va dirigida especialmente a la lucha directa de los com­pañeros de la industria automotriz, para resistir las suspensiones y despidos y para movilizar la voluntad de todos los compañeros para ocupar los lugares de trabajo para realizar estas reivindicaciones.