La apertura del expediente ha permitido conocer la opinión de un oficial de Gendarmería que revela que la empresa Refinor, de Perez Companc, armó cada una de las escenas que llevaron a la represión y la matanza de Santillán y Barrios en el norte de Salta. Segán su testimonio, de inocultable lenguaje militar, en el informe llamado “actitud empresa Refinor frente al conflicto” (todo lo entrecomillado es cita textual de la declaración del sargento Díaz en la hoja 673 del expediente), “preventivamente (los responsables de Refinor) suspendieron abastecimiento combustible a compradores locales y proveniente resto NOA bajo pretexto que piqueteros dificultarían los traslados y despachos, como así las vías alternativas que no permiten pasos camiones cisternas, situaciones éstas que no son veraces” (destacado nuestro).

Mucho más grave que lo que se ha leído es que “camiones contratados por esa empresa (Refinor) participaron en intento de cortar la ruta”, en lo que constituyó un contracorte, a partir del cual “(la) empresa decidió preventivamente suspender envío camiones combustibles desde Campo Durán hacia Bolivia bajo pretexto que el corte imposibilitaba cumplir la salida vehículos liberados por Aduana en Campo Durán durante la franja horaria autorizada”.

El oficial sostiene que, supuestamente a partir de estos hechos, “(el) ingeniero Varela, gerente Refinor concurrió (a) ésta (delegación de la gendarmería) (a) efecto (de) que no se utilice camino gasoducto por vehículos pesados, razón (por la que) Energas (organismo estatal de control) prohibió el tránsito por dichas vías por razones de seguridad. Sin embargo (atención), dichas vías fueron utilizadas en hechos similares sin ningán tipo de reparo por dicha empresa”.

Después de estas acusaciones implacables, “se estima –dice el oficial– que empresa (Refinor) procura adicionar un elemento de conflicto tendiente a crear situación catastrófica o fuera de control a fin de determinar la utilización de la fuerza, o bien, a similitud sucesos Campo Durán, intentar demostrar que la fuerza de seguridad se encuentra superada”.

De la A a la Z, la causa fue armada en base al designio establecido de asestar un golpe al movimiento piquetero. Las revelaciones del gendarme confirman, uno a uno, los argumentos del Partido Obrero. No se ha podido probar la existencia de un solo francotirador ni el uso de armas de fuego por los piqueteros, los muertos son del pueblo, los heridos “graves” de la gendarmería se repusieron en horas, las pericias que permitirían establecer el calibre de las balas están demoradas porque confirmarían que las “bandas armadas” operaron en el campo del gobierno y no en el del pueblo.

A partir de estas pruebas exigimos que se vaya el gobernador Romero, que el juez Cornejo deje la causa, que se intervenga a la empresa Refinor y que se someta a juicio a las autoridades de Perez Companc.