Esta semana, el Colegio de Trabajadores Sociales del Distrito de Azul denunció que el Municipio de Olavarría no renovó el contrato de una trabajadora social del área de Desarrollo Social y advirtió que se habrían recortado horas extras de trabajadoras/es de otras áreas.

Esta situación es gravísima y es necesario denunciarla por dos razones: la primera es que la gestión del intendente Ezequiel Galli decretó al municipio en emergencia financiera y económica para llevar adelante este y otros ajustes, con la complicidad de la oposición PJ-Kirchnerista que nada dice del tema mientras se dedica a hacer asistencialismo. No es el primer ataque a la clase trabajadora de la ciudad. Hubo despidos en el área de Cultura y recorte en los talleres municipales, ataques salariales a los empleados de la obra civil L’Amali 2 y Cerro Negro, despidos en el sector hotelero y gastronómico, entre otros. En este caso no se trata solo de un problema de despidos. Las y los trabajadores sociales vienen sufriendo las consecuencias de la precarización laboral de todos los gobiernos desde los ‘90 hasta hoy, con contratos precarios, falta de sindicalización, exceso de tareas correspondientes, subcontratación, etc. En el caso de Olavarría el burócrata del Sindicato de Trabajadores Municipales, José “Tano” Stupia, se ha encargado de aislar las luchas y hacer la vista gorda ante cualquier despido y ajuste de la gestión macrista.

La segunda cuestión es que se ajusta en el sector que más necesita de la asistencia estatal y donde más se requiere de esta labor profesional que atiende a la población más golpeada por el sistema y por la cuarentena como son los/las trabajadores/as desocupados/as y precarizados/as. Al despedir a una trabajadora social también se afecta a los sectores populares que necesitan la atención de esta y otros profesionales de Desarrollo Social, como el caso de los/las trabajadoras/os de infancia despedidos en el partido de Merlo donde gobierna el peronismo con Gustavo Menéndez. El ajuste en esta área, que conduce Diego Robbiani, no solo se da en los despidos y recortes, sino por sobre todo en los escasos recursos que se invierten para asistir a estas familias. Según datos oficiales, el pedido de asistencia alimentaria al municipio creció más del doble en la cuarentena, llegando a 6.700 familias. Sin embargo, el monto que el municipio asignó a la compra de alimentos para el mes de julio apenas supera los cinco millones de pesos, es decir, una ayuda de poco más de $800 por familia para todo el mes. El Polo Obrero, recientemente conformado en la ciudad reclama una asistencia a la medida de las necesidades y que también se brinden kits sanitarios y medios para calefaccionar las viviendas (leña y garrafas) ante el frío invernal.

Desde el Partido Obrero Olavarría exigimos la reincorporación de la trabajadora social cuyo contrato no se renovó y de cualquier empleado despedido por parte del municipio. ¡Frenemos el ajuste de Galli y de todos los gobiernos! ¡Basta de precarización laboral y ajuste de la asistencia estatal! Exigimos medidas de seguridad e higiene para los y las trabajadoras. ¡Que la crisis la paguen los capitalistas!