Apenas cuatro años después de haber establecido un récord mundial en materia de inflación, la burguesía argentina ha establecido un nuevo récord de desocupación. Ha puesto a la Argentina entre los países de mayor desocupación en el mundo (y el de mayor masa de desocupados sin ningún tipo de cobertura social en todo el planeta) a una velocidad inusitada: en un año y medio (octubre de 1993 a mayo de 1995) duplicó la tasa; en apenas seis meses (octubre de 1994 a mayo de 1995) la aumentó en un 50%.

Pero nadie establece un récord por casualidad. Es la consecuencia buscada de una política: “flexibilización”, desconocimiento de los convenios, incremento de los ritmos de trabajo, rebaja salarial, privatizaciones, alargamiento de la edad jubilatoria, rebaja de las indemnizaciones, alargamiento de la jornada laboral. La desocupación no es la consecuencia de las “falencias” del “plan” Cavallo, sino de su estricta aplicación.

La difusión de las cifras sobre la desocupación ha provocado una crisis política.

Porque ha puesto en evidencia la masacre social que significa el “plan” Cavallo.

Porque significa una derrota ideológica (política) del “mercado”.

Porque desnuda el derrumbe del “plan” Cavallo.

Y, por sobre todo, porque el gobierno carece de política para enfrentar el crecimiento explosivo de la desocupación.

La burguesía no sólo está sufriendo la presión de la recesión sobre sus balances; sufre también la presión política de los millones de desocupados que reclaman su “derecho al trabajo”. La Iglesia —con su ramificada organización y su milenaria experiencia— fue la primera en advertir los “peligros” de la enorme tensión que se acumula en las barriadas obreras. El gobierno pretende “completar la reforma laboral” y “reducir los costos laborales” —es decir, seguir aplicando la misma política que nos condujo a la catástrofe actual. La desocupación récord “encuentra a Economía sin políticas compensatorias ni recursos para la seguridad social” (Ambito Financiero, 20/7). El gobierno no tiene fondos para implementar la anunciada versión menemista de las “cajas PAN” o para “ampliar la cobertura” del seguro de desempleo, porque “lo que está haciendo es pagar primero los intereses y la amortización de la deuda y con lo que sobra paga salarios, jubilaciones y proveedores” (Miguel Angel Broda en Página/12, 25/6).

La clase obrera tiene planteada una lucha a muerte por la defensa de su integridad física y moral. Para la lucha es necesaria una organización. Entre los desocupados existen muy valiosos, experimentados y combativos activistas obreros y sindicales. El completo abandono de los desocupados por parte de la burocracia hace recaer sobre estos compañeros —y sobre las organizaciones de izquierda y los delegados y activistas antiburocráticos— la tarea de organizar a los desocupados. En las colas para buscar empleo y en los barrios donde se concentran los desocupados es posible —y necesario— forjar la organización y la movilización de los sin trabajo. Para reclamar a los sindicatos, para que tomen la lucha de los desocupados en sus manos y para que convoquen a deliberaciones y a una lucha común de los ocupados y los desocupados, quebrando la cuña que meten las patronales y los burócratas para dividir la lucha obrera. Y para manifestar sobre el poder político por el “derecho al trabajo”, mediante movilizaciones, cortes de ruta y ocupaciones de edificios. Las manifestaciones contra la desocupación de Mar del Plata, de San Nicolás, de Zárate, de Centenario y de Allen marcan el camino.

Si Menem y Cavallo no pueden dar solución al problema de la desocupación, ¡que se vayan!

Programa

Prohibición por ley de los despidos y suspensiones. Expropiación sin pago y bajo control de los trabajadores de toda empresa que cierre o despida;

Reducción de la jornada laboral sin afectar el salario; reparto de las horas de trabajo;

Seguro al desempleado equivalente al salario;

Reducción de la edad jubilatoria;

Aumento general de salarios, para reactivar el consumo. Eliminación de los impuestos al consumo;

Que los municipios pongan en marcha un plan de obras públicas para dar trabajo a los desocupados y solución a las necesidades más acuciantes de las barriadas obreras;

Inmediata suspensión del cobro de los servicios públicos —incluso, los privatizados–, de los impuestos y de las “contribuciones voluntarias” a las cooperadoras escolares y a los hospitales públicos a la población desocupada. Inmediata suspensión del cobro de los alquileres a los desocupados, los que deben ser asumidos por los municipios en el caso de los pequeños propietarios;

No pago de la deuda externa e impuesto al gran capital y a la gran propiedad inmobiliaria para financiar los subsidios y las obras públicas;

Comités contra la desocupación;

Las centrales sindicales –CGT, MTA y CTA en conjunto y cada una por sí misma– tienen la responsabilidad de convocar a asambleas y congresos de trabajadores ocupados y desocupados, para librar una lucha común, y a la huelga general;

Fuera Menem-Cavallo.