El 13/7/94, a través de una resolución conjunta de los ministerios de Trabajo y Economía, se suspendieron —argumentando deficiencias en el padrón— las elecciones para el Programa de Propiedad Participada de Telefónica y Telecom.

A pesar de que la citada resolución exigía que deberían “llevarse a cabo los actos necesarios para que en el menor lapso posible se esté en condiciones de llevar a cabo el acto eleccionario”, lo único que se realizó es una nueva exhibición de padrones para posibles correcciones de datos. Incluso este período finalizó el 7 de octubre. Las postergaciones se deben al temor burocrático-gubernamental-patronal de que los burócratas sean derrotados en el terreno del PPP.

Es evidente que la burocracia de Rodríguez-Guillán no ha podido todavía encontrar una “solución” para perpetuarse en el manejo del programa de propiedad participada.

El camino que instrumentó con ese fin en el Acuerdo General de Transferencia de diciembre de 1992, que firmó con el gobierno, fue derogado un año después como producto de reclamos administrativos y judiciales que estuvieron apoyados por varias movilizaciones. En dicho Acuerdo se obligaba a todo telefónico que cesara de trabajar (por jubilación o retiro) a vender sus acciones a un aproximadamente 15% del valor de plaza, a un Fondo de Recompra formado por parte de los dividendos depositados por Telefónica y Telecom, teniendo la facultad de voto de esas acciones el Comité Organizador que maneja la burocracia.

Esta no ha renunciado a conseguir un “supervoto”, sólo que hoy pretende conseguirlo mediante la autorización por parte del gobierno de que los sindicatos puedan ser titulares de acciones de clase C, es decir, que sus dirigentes se presenten a votar por la cantidad de acciones que puedan comprar. Aprovechando las necesidades económicas que sufren los trabajadores, pretenden crear condiciones para que se realice esta estafa: ventas de acciones a los “sindicatos” por valores ínfimos.

La burocracia trabaja directamente con las patronales.

No fue casual que la decisión de esta suspensión sin fecha de las elecciones por el PPP se haya concretado al mismo tiempo que la burocracia firmó una modificación del convenio, por la que cambiaba plata del salario por tickets, con lo que las patronales se “ahorraron” cargas sociales. No sería extraño que ahora que estamos con muchas de las cláusulas convencionales en discusión, por haber vencido el 31/10/94, nos encontremos un día con pérdidas de beneficios convencionales y mayor flexibilidad laboral, por un lado, y la autorización ministerial para que los sindicatos compren por el otro. Es el precio que “paga” la burocracia: la entrega de conquistas.

Qué hacer

La Lista Nº 2 (Frente por la Liberación de las Acciones), que se presentó a las suspendidas elecciones con el objeto de destruir el PPP, fue conformada sobre la base de tres puntos: pago inmediato al Estado de la deuda por la compra de las acciones con los dividendos depositados por las empresas, liberación de las acciones para que cada trabajador pueda disponer de ellas de acuerdo a sus necesidades e investigación de los manejos de fondos efectuados por el Comité Organizador.

Esta lista representa en el ámbito de la seccional Buenos Aires a un frente de la oposición antiburocrática al guillanismo. En el interior, aunque con menor definición política, es objetivamente una base de reagrupamiento del activismo.

La lista resolvió iniciar una campaña financiera en los edificios para costear la salida de una solicitada que publicite las denuncias de la conducta del Comité Organizador, así como la exigencia de la realización inmediata de elecciones y, sobre estos ejes, realizar una campaña de agitación en el gremio.

Desde la lista Naranja impulsamos estas tareas como parte de las necesidades de los trabajadores de luchar contra un intento de que le metan la mano en sus bolsillos, como también de derrotar a la burocracia en sus objetivos de asociarse aún más estrechamente a las patronales. No al sindicato-patrón.