Sindicales

12/9/1996|510

¡Otra causa Panario!

El juez federal porteño, Canicoba Corral, ordenó el procesamiento de Salmerón, Cerciorari y Rossi, trabajadores bancarios de la Obra Social (ISSB), acusándolos de “coacción agravada”. El delito no es excarcelable y contempla una pena de entre cinco y diez años de prisión efectiva.


La causa se inició hace cinco meses, cuando el director de la Obra Social renunció, luego de que una multitudinaria asamblea plantease su dimisión. El juez acusa a los trabajadores de “coaccionar” al funcionario mediante “amenazas”.


La causa se ‘avivó’ justo ahora, cuando los compañeros pusieron en pie un plan de lucha y movilización contra la decisión del gobierno de despedir a tres mil trabajadores del ISSB en todo el país.


Figura repetida


La causa penal tiene extraordinaria similitud con el “caso Panario”, de Neuquén. También allí, coincidentemente, la acusación al movimiento de desocupados es de “coacción agravada”.


En Santiago del Estero, Jujuy y Tierra del Fuego, son numerosas las causas contra trabajadores en lucha que, sin llegar a la ‘coacción agravada’, se encaminan en el mismo sentido: denegar la libertad mientras se realiza el juicio.


En todos los casos, como en éste de la Bancaria, las “pruebas” son las declaraciones de los “damnificados”. Es decir, son los funcionarios que se presentan a denunciar supuestos delitos. Con esta ‘prueba material’ se ordenan los procesamientos.


Zanola


El zanolismo, que dirige el gremio, ha decidido mirar para otro lado en esta causa. Ante el reclamo de un pronunciamiento contra la persecución, pretendió enviar a algunos de los compañeros perseguidos a hacerse “asesorar” por el abogado de “Barrita”, el “pesado” de los tiroteos entre hinchadas.


Los muchachos zanolistas también están involucrados en la causa, en términos procesales. El juez Canicoba, sin embargo, sólo ha ordenado el procesamiento de los sectores opositores al oficialismo banquero.


Libertad


El proceso contra los compañeros bancarios pone al desnudo algo que ya Prensa Obrera viene denunciando desde hace meses. Las causas penales  contra trabajadores no son una reacción aislada de los caudillejos de provincia (Sapag y Cía). Forman parte de un plan general orquestado desde el Poder Ejecutivo para tratar de reprimir las imparables luchas obreras contra el menemismo y sus tolerantes ‘opositores’.


La lucha por el inmediato cierre de la causa penal contra los compañeros bancarios es parte de un plan nacional que los trabajadores debemos poner en pie contra todas las persecuciones judiciales en curso.