El domingo 21 un joven chofer de la línea de colectivos 134, Omar Carballo, fue víctima de un feroz asalto y golpiza en Avellaneda, tras lo cual debió ser internado en el Hospital Fiorito y se le amputó una parte de su dedo meñique.

Sus compañeros de la empresa Tarsa convocaron en respuesta un paro en demanda de condiciones de seguridad, que fue levantado pocas horas más tarde por parte de la burocracia sindical de la UTA ante “compromisos” por parte del Estado provincial y municipal de Avellaneda.

La agresión sufrida por Carballo no es un hecho aislado en la zona sur bonaerense. Días atrás un chofer de la línea 247 fue víctima, en Villa Fiorito, de un ataque con golpes en el cráneo y un corte en el cuello. Los casos de violencia continúan en la línea 570; la patronal, cuya única respuesta ante este cuadro fue el intento de cerrar el ramal “Isla Maciel” en 2017 –algo revertido gracias a la lucha de centenares de vecinos, trabajadores y estudiantes que quedaban así sin medio de transporte-, sigue sin dar soluciones.

Este desamparo de los choferes tampoco se limita a la zona sur, como mostró el paro en la línea 161 (zona oeste) ante el asalto y balacera a un compañero.

La Nación del 24 de julio señala que “el reclamo por seguridad no es novedad entre los conductores que hace tiempo exigen que se instalen cámaras de video, cabinas de protección o nuevas medidas que los protejan”.

Estado responsable

La situación de inseguridad en la que se ven los choferes no ha mejorado con la instalación de cámaras de seguridad, con la que se vanaglorian los gobiernos de la provincia y de la municipalidad de Avellaneda. Sí les ha servido a estos, por el contrario, para monitorear las 24 horas las calles (Región Digital, 25/7), como parte de una avanzada de vigilancia y represión contra la población trabajadora y la juventud, con apremios policiales en los barrios y las comisarías.

Para los choferes, las nulas condiciones de seguridad se suman a otros factores de riesgo en su actividad cotidiana, como fallas en los frenos y la electricidad, gomas extremadamente gastadas y un sinfín de averías en las unidades. Son los resultados de la desinversión de patronales beneficiadas por décadas de subsidios (que seguimos pagando con nuestros impuestos) y el aumento del boleto.

La banca de la diputada nacional del FIT Romina Del Plá presentó en 2018 un proyecto de ley con el objetivo de proteger físicamente a los choferes, que plantea la puesta de cabinas acrílicas y antibalas que aísle y proteja a los conductores, y denuncia la responsabilidad de los gobiernos en esta situación.

Convocamos a los trabajadores de todas las empresas de autotransporte a organizar asambleas en todas las líneas y definir un pliego de reivindicaciones, que ponga en debate las condiciones laborales y plantee que las mismas sean controladas por comisiones de trabajadores y pasajeros, y no por las patronales y el Estado responsables del ajuste. Y a partir de allí poner en pie un plan de lucha de la UTA, a contrapelo de la orientación de su dirección, por todos los reclamos del gremio.