Bajo el nuevo Directorio ‘normalizado’, está en plena marcha el vaciamiento y liquidación del PAMI, según los dictados del Banco Mundial: reducción drástica del personal y desfinanciamiento de la obra social.

La reducción de personal por el régimen de ‘retiros voluntarios’ ha llegado a 4.000 empleados, abonada por todo tipo de amenazas sobre pases al ‘Fondo de Reconversión Laboral’, prolongación de jornada y reducción de sueldos. El desfinanciamiento del Instituto, quedó establecido por el decreto ‘normalizador’ (197/97), que coloca un tope de 200 millones mensuales de gasto (30% de reducción) y la utilización de cualquier excedente de recaudación para el pago de deudas del Instituto (contraídas por las diferentes intervenciones). Además, el decreto redujo la proporción de los aportes patronales que corresponden al PAMI, derivando una parte al ANSeS. Y cargó al PAMI el pago de intereses y gastos de la deuda que el Instituto contraiga con el Banco Mundial. Una política de destrucción.

El flamante Directorio, totalmente digitado por el gobierno, debutó con un modelito de corrupción: la asignación de sueldos de 12.000 dólares para sus miembros, el nombramiento de familiares de Alderete como asesores, contrato de auditorías y nuevos funcionarios. La totalidad de las atribuciones del Directorio quedó en manos del presidente, ¡que casualmente resultó ser el mismo interventor Alderete! Mientras tanto, continúa el recorte de las prestaciones y se establecieron topes para consultas, internaciones y estudios. La Coordinadora de Jubilados ha denunciado que en la provincia de Buenos Aires, el nuevo sistema tiene falencias en la atención médica de gravísimas consecuencias.

La política participacionista hace agua

Los gremios que actúan en PAMI (UPCN, ATE, UTI), que abrieron, sin excepción, expectativa en la gestión Alderete, dejaron pasar todos los atropellos en curso, actuando como el principal factor de desmovilización de los trabajadores. Incluso la dirección de la Coordinadora de Jubilados se situó en el campo ‘participacionista’, integrando el directorio de Alderete con el propósito, dijeron, de denunciar ‘desde adentro’. La esterilidad de esta política es total. En un simulacro de asamblea de rendición de cuentas (se prohibió el uso de la palabra), Liberman, director por la Coordinadora, reconoció que el Directorio es una fachada de la política oficial, que ni siquiera se reúne ni considera ningún problema, y que Alderete hace y deshace (contratos sin licitación, reformas de estructuras) sin consultar a nadie.

La “Comisión Popular de Defensa del Pami”, constituida por la Coordinadora de Jubilados, la CTA y legisladores de la UCR, el Frepaso y el PC, también entró en bancarrota. La Coordinadora se retiró, una vez conseguido su director en el PAMI. El resto no ha producido tampoco ninguna iniciativa; básicamente, porque considera que la privatización de las obras sociales es ‘inevitable’. La CTA impulsa, por ejemplo, una obra social propia, con el propósito de competir en el mercado de la desregulación de la salud.

El Partido Obrero, que pronosticó precozmente el carácter reaccionario de cualquier ‘normalización’ bajo control del Estado y el régimen menemista (ley 19032), denuncia que el vaciamiento del PAMI está en plena marcha y llama a romper la impasse de la política ‘colaboracionista’ de la burocracia sobre la base de un programa:Derogación del decreto 197/97 y toda la legislación de “desregulación” del Instituto y de modificación de la situación del personal. Ruptura de los acuerdos con el Banco Mundial. No a los despidos abiertos o encubiertos. Restitución del presupuesto de 300 millones mensuales, de los aportes patronales y de todas las prestaciones suspendidas o eliminadas. Anulación de los contratos de prestación y reorganización del sistema prestacional por jubilados y trabajadores. Suspensión del pago de la deuda hasta su investigación por jubilados y trabajadores. Por un PAMI dirigido por jubilados y trabajadores, con representantes electos y revocables.