Cuando el corte de la ruta 9 había llegado a su quinta semana, se arribó en Buenos aires a un acta-acuerdo que implica un desmantelamiento de Paraná Metal.

El acuerdo firmado por el propio secretariado nacional de la UOM deja en la planta a doscientos veinte obreros reales de la UOM (menos de un cuarto de los actuales) y ochenta jerárquicos y jefes.

El resto será despedido al cabo de seis meses. La forma práctica que asumirá este despido es que se mantendrán las suspensiones rotativas durante seis meses. A partir de allí, las suspensiones se transformarán en fijas con un subsidio del gobierno de seis meses a los futuros de 600 despedidos.

Las ‘contrapropuestas’ de la UOM nacional y de la dirección de la UOM de Villa Constitución giraron siempre alrededor de aceptar este desmantelamiento planteado por Cristóbal López y reclamar que el gobierno subsidie las suspensiones rotativas por seis meses y las indemnizaciones que la empresa se niega a pagar.

El punto 2 del acta-acuerdo establece que la empresa pagará simplemente 101 pesos mensuales a cada obrero en concepto de suspensiones, mientras que 1.900 los pagará el gobierno.

El acta tiene un anexo que es la antología de la entrega y la flexibilidad laboral, pues desconoce el laudo 29 y el bono empresa. Lo abonará sólo durante el período de transición de seis meses con el compromiso de que el gobierno, para que esto se ponga en marcha, “colaborará” con 1.200 pesos mensuales, es decir que el gobierno subsidiará el laudo 29 que después de la suspensiones será desconocido, con la salvedad de que si la empresa, después de un período, “arroja ganancias” se restituirían ambos beneficios. La medida es un debut trágico de la mentada “participación en la ganancias”.

El acta-acuerdo deja definitivamente afuera desde el primer día a los obreros de las contratistas de Paraná Metal y establece también, de hecho, el fin de las cooperativas obreras, pues las funciones de producción que ellas cumplían están incluidas en las tareas de los 220 operarios que queden.

El listado de quienes serán despedidos -que la empresa quería presentar- ha sido dilatado a pedido de la UOM para dentro de seis meses para así poder hacer pasar el levantamiento del corte, que sería imposible que fuera votado por los propios despedidos, pero el acta establece que será la empresa, sin injerencias, la que determinará a quiénes despide, pues está en la mira lo mejor del activismo. Se mantiene durante el acuerdo la existencia de los delegados y la comisión interna que después de un año se reducirá al número correspondiente a los trabajadores en planta.

La UOM nacional no llamó ni a cinco minutos de paro por Paraná Metal. La dirección de Villa Constitución, dividida entre Paulón y Piccinini, sólo paró una vez y le puso el cuerpo muerto al conflicto, ya que ni siquiera asistió económicamente la lucha con lo que le restó el apoyo a una infraestructura organizativa lograda por los activistas para sostener el duro corte. Ambos dejaron desangrar el conflicto.

El acta-acuerdo deja al gobierno de Binner como mero testigo de los acontecimientos. Ni siquiera aportará para ayudar a los 600 trabajadores despedidos en seis meses. La ministra de Trabajo “socialista” fue una cómplice descarada del desguace de la planta, como antes lo fue de la fábrica Malhe.

Un sector importante de activistas de Acindar y Paraná Metal han completado una rica experiencia sobre la conducta de Paulón y de Piccinini. Su actuación independiente fue la que fogoneó esta gran lucha. Allí están las reservas de una nueva dirección de lucha de los metalúrgicos de Villa Constitución. A ellos, todo nuestro apoyo.