Los trabajadores del Registro de la Propiedad paralizaron por completo las transacciones inmobiliarias de la provincia de Buenos Aires durante un mes. Protestaban contra la flamante ley de Scioli que traslada la recaudación impositiva a manos privadas y somete este organismo a los caprichos de este ente recaudador.

A la hora de ser votada, esta ley provocó una crisis política por la negativa de Solá de enviar el proyecto con su firma. Finalmente, tras duras negociaciones con los distintos bloques, Scioli logró su aprobación.

La ley que privatiza Rentas fue resistida por el activismo, principalmente de ATE del ministerio de Economía, quienes organizaron asambleas y una movilización de más de 350 compañeros. Sin embargo, la dirección de los gremios (UPCN, AERI y ATE), prefirió “acordar” con el gobierno la reforma de algunos artículos sin oponerse de plano, a una ley que le permite a Scioli el manejo directo de la caja provincial.

Esta ley no sólo es un ataque contra los empleados del ministerio de Economía, sino hacia el conjunto de la población, pues permite la celeridad de los remates a aquellos contribuyentes que se atrasen el pago del impuesto inmobiliario.

Le otorga a Santiago Montoya, su director, superpoderes recaudatorios. Pero no para hacer más progresivo el régimen impositivo provincial, sino contra los propietarios de viviendas y automóviles únicos, es decir contra los trabajadores y la clase media empobrecida. La tendencia a hacer más regresivo el régimen impostivo quedó clara cuando el gobernador decidió acatar el fallo de la Corte Suprema de la Nación, que impide el cobro de un adicional a los patrimonios mayores de 500 mil pesos.

Tenaz lucha autoconvocada

Durante 26 días, el Registro puso en crisis al gobierno de Scioli. Se paralizaron 45 mil trámites inmobiliarios. La lucha, sostenida con asambleas cotidianas, soportó el ataque del colegio de escribanos, del gobierno, de corporaciones inmobiliarias y de abogados.

En asamblea y por unanimidad, los trabajadores rechazaron un acta-acuerdo firmado por representantes de los tres gremios.

Los compañeros decidieron que una comisión votada en asamblea fuera la representante genuina de los reclamos ante el gobierno-patrón. Luchando tenazmente contra el desguace del Registro, contra la agencia de Montoya, por aumento de salarios y el reconocimiento de la antigüedad de los contratados, finalmente los compañeros conquistaron que el nuevo director de la entidad recibiera la comisión de la asamblea autoconvocada.

El 28 de diciembre, los compañeros votaron aceptar una mesa de diálogo, no atender el público y comenzar con la normalización de las tareas en señal de buena voluntad por parte de los trabajadores. Se trata de un levantamiento parcial de la medida de fuerza. Es el primer round de una dura lucha, que pelea en defensa de la fuente laboral y de la bases de datos de la provincia. Por ello choca abiertamente con Scioli.

Contra varios intentos privatistas de sucesivos gobiernos, el activismo de Economía levantó la siguiente consigna “Vecino: Rentas privatizada, su casa rematada”. Esto es lo que está en juego para el conjunto de la población.