La renuncia de la ministra de Educación de Scioli, Silvina Gvirtz -que respondía al kircherismo bonaerense- implica una nueva etapa de la guerra entre Scioli y CFK. El telón de fondo de esta escalada en la crisis política es el creciente rojo fiscal del gobierno nacional, para sostener el pago de los bonos de la deuda y la montaña de subsidios a las privatizadas de servicios y transportes.

Scioli aceptó el trabajo sucio del ajustazo, a cambio de desplazar a Gvirtz. No obstante, la ministra saliente reconoce en su carta de renuncia que ella ya estaba implementando un plan de ajuste contra los docentes en punto a sus licencias, para lo cual contrató una consultora por la friolera de 86 millones de pesos.

El desplazamiento de Gvirtz provocó la medida del Suteba y de la Feb de ocupar con un puñado de dirigentes la sede de la DGCyE de La Plata, y algunas secretarías de inspección en algunos distritos, "contra cualquier medida de ajuste". Ningún docente fue convocado a esa "movida", pero bastó la promesa del jefe de gabinete de Scioli, Alberto Pérez, de que no habría ajuste para que Baradel levantara inmediatamente las medidas.

La promesa de Pérez parece haber sido muy convincente, porque "De Lucía fue puesta en funciones por el gobernador algunas horas después de que el Senado aprobara por unanimidad el pliego de designación en el área educativa" (El Día). Allí hay votos de toda la oposición, incluido el oficialismo sabatellista donde reviste Baradel. La nueva ministra ajustadora declaró, segundos después de este cheque en blanco, que ella asumía para "imponer un control 'online' de licencias docentes" y porque "vamos a trabajar para que los maestros estén en las aulas" (ídem). Con este plan "a la López Murphy", Scioli busca quedarse con 1.000 millones de pesos. El ataque de De Lucía incluye, además, mantener la eliminación de 380 millones de pesos para cubrir suplencias en los colegios privados.

En Córdoba se pelea contra la "armonización" jubilatoria que ha tenido en estos días otra vuelta de tuerca. No hay que olvidar que en la provincia de Buenos Aires esa "armonización" fue firmada por el ex gobernador Solá, en 2007. Reclamamos al Suteba la convocatoria a un plenario provincial de delegados de escuela con mandato, para poner en marcha un plan de lucha real contra el ajustazo. Por su parte, la oposición docente bonaerense prepara un plenario para resolver medidas por un programa integral contra el ajustazo de Scioli, que plantea la defensa estratégica del Estatuto Docente y la reapertura de las paritarias, con vistas a organizarnos escuela por escuela, rodeando de comités de lucha a cada delegado. Ya en Quilmes, 300 delegados de todos los gremios estatales de la localidad se reunieron en esta dirección.

En relación con la amenaza de los dueños de los colegios privados de cerrar las instituciones, de aumentar las cuotas o de dejar de pagar a los docentes, nos planteamos la defensa de las condiciones laborales de los docentes privados y el rechazo a cualquier incremento de cuotas para los padres. Que se abran los libros, convocamos a los docentes de privadas a organizarse junto a toda la docencia y a los padres. El corte de subsidios a las privadas es parte del ajuste público, no de una política de refuerzo de la educación pública.