Ante una inflación del 9% en el cuatrimestre, que proyectada anualmente se acerca al 30%, y tras la pérdida en 2016 de 8/10 puntos, el movimiento obrero argentino debió declararse en emergencia. Una dirección a la altura de las circunstancias no podría menos que reunir en asambleas generales a todos los gremios, mandatar sus pliegos, elegir sus paritarios y en un Congreso de la CGT, disponer un paro de advertencia, dando inicio a las negociaciones paritarias a partir de un reclamo salarial que cubra la pérdida inflacionaria y apunte a la canasta familiar.

 

La situación se agrava porque la mitad de los trabajadores en actividad, según el Indec, gana menos de 8.500 pesos y en promedio 11.000, considerando formales e informales. Una realidad en violento contraste con necesidades de subsistencia estimadas en 1.000 pesos diarios para una familia tipo (Clarín, 15/5). De hecho, la Federación Aceitera ha pedido un mínimo vital y móvil de 27.000 pesos, una cifra similar a la exigida por varios gremios del cordón industrial de Rosario, luego de un plenario local.

 

A la burocracia sindical, sin embargo, no se le ha movido un pelo. Todo lo contrario, se ha lanzado a descuartizar a la clase obrera con convenios que establecen una verdadera competencia a la baja en materia salarial y, en numerosos casos, acompañados del arrasamiento de condiciones laborales, flexibilizando y precarizando.

 

En esta línea de paritarias a la baja, picaron en punta Comercio con 20% en dos cuotas, Uocra con un punto más y ahora la enorme UPCN con el mismo 20% en tres cuotas, y un presentismo incobrable que esclaviza a los estatales en la línea de superexplotación de Macri, Vidal y compañía. Alguien puede decir que se trata de los “gordos” de siempre, pero la Federación Gráfica, que pulula con declaraciones rimbombantes por los escenarios kirchneristas, ha firmado dos cuotas de 12 y 10,7% no acumulables, sin cláusula gatillo ni disimulo ninguno. Después de aislar la lucha de AGR, entregaron la paritaria.

 

 

La estafa del “gatillo”

 

El tema de las cláusulas gatillo se ha tornado en una estafa: la mayoría de las paritarias se están firmando con actas de “revisión” ante desfasajes inflacionarios, el viejo truco. Pero la UIA no quiere saber nada con gatillo alguno, porque aprecia que la inflación no cede y se quieren quedar otra vez con la diferencia, como compensación por el aumento de otros costos ajenos por completo a los trabajadores: tarifas, combustibles, logística y tasas de interés, entre otros.

 

El gobierno, que hizo un eje en el ataque a la docencia, está imponiendo paritarias a la baja con el concurso de la burocracia sindical, incluida la dirección de Ctera que abandonó todo planteo huelguístico. En oposición a ello, la docencia universitaria realiza una fuerte huelga que llega ahora a unir a las Conadu y a realizar una Marcha Federal con cierto apoyo estudiantil, aunque lejos de la gran movilización del año pasado (ver nota).

 

La UOM hizo su tradicional congreso en Mar del Plata, donde Córdoba y Madryn (Aluar) pidieron el 40%, pero se impuso el 30% por mayoría. Al cabo de un plan de lucha que no llegó a aplicarse por el dictado de la conciliación obligatoria, el pedido fue bajado al 25% (La Nación, 15/5). La patronal, no obstante, se mantiene intransigente en dos cuotas que totalizan 21%, con directo apoyo de Triaca.

 

Es interesante observar que la mesa negociadora metalúrgica, siempre en manos de Caló, Brunelli y otros de su grupo, hoy está a cargo de ciertos kirchneristas como Furlán de Campana y “Barba” Gutiérrez. Pero nada cambió: aceptaron la conciliación “sin tirar un tiro”, se bajaron del reclamo del congreso sin consulta alguna y -mientras escribimos estas líneas- han convocado una movilización de los “cuerpos orgánicos” a Adimra, la cámara más importante sin trascendencia alguna. Del reclamo de zona desfavorable del 30% que pide la Patagonia entera, ni noticias. Los patagónicos tendrán que pelearla por su cuenta.

 

En este escenario se dice (habrá que ver) que Camioneros reclamará de un 30 a un 34%. Por lo pronto, en Obras, los “combativos” de la familia Moyano aparecieron caucionando al triunvirato para “preservar la unidad del movimiento obrero”. Claro, al precio de seguir acompañando una ofensiva de características históricas. Oca y sus 7.000 obreros están al borde del precipicio, agotados los plazos del pacto con Macri.

 

 

Mandatos y asambleas

 

Los puntos de ruptura aparecen en la industria azucarera reactivada del noroeste argentino que está reclamando un 40% y por el lado de la Federación Aceitera también en un cuadro de alta actividad con un 35,7%. También los trabajadores de Uatre del citrus salieron a la huelga por el 50%, en medio de los anuncios de que volverá la exportación a Estados Unidos.

 

El Sutna, recuperado por una dirección clasista, que firmó un alto convenio el año pasado (37%), se reunirá en Asamblea General el 30 de mayo para que la masa del gremio movilizada vote el pliego de reclamos. Aún cuando la actividad está afectada por las importaciones y cierta caída de producción, el gremio pondrá toda su energía para ir a la mesa de negociación, mandatando a sus paritarios. El mismo método que reclamaron las seccionales opositoras del Suteba: que ninguna negociación ni levantamiento de plan de lucha se haga sin un congreso de delegados mandatados por asamblea de los trabajadores.

 

Este es el camino para trazar una línea de resistencia ante la ofensiva patronal que encabeza Macri y toda la coalición de gobernadores del ajuste, que van desde Vidal hasta Alicia Kirchner, que por ello enfrenta la rebelión popular contra la cara provincial más aguda del ajuste.

 

Las patronales y el gobierno extorsionan a los trabajadores con la recesión. Pero esa extorsión tiene lugar a través de la pasividad de la burocracia sindical, sin un programa ni un método de cara a esta situación. Los métodos para encarar la lucha salarial deberían combinar la lucha por ningún despido, por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, por la ocupación y huelga de toda empresa que cierre o despida masivamente, junto a los reclamos paritarios. Además, se replantea la lucha por la abolición del impuesto al salario. Los aumentos salariales sumarán otro medio millón de trabajadores a esta carga, al tiempo que acentuarán la confiscación de quienes ya lo están pagando.

 

La huelga general de las dos plantas de Ingredion (ver nota) en Baradero y Chacabuco, como AGR-Clarín, como las grandes huelgas docentes de marzo y las enormes movilizaciones y el paro nacional, demuestran que las reservas del movimiento obrero están. Necesitamos una nueva dirección que se irá fraguando y madurando en la dura resistencia al ajuste en marcha.