La agresión de la que fue víctima una médica de guardia en el hospital Fernández el sábado 16 de julio fue el detonante de una situación que se viene repitiendo en los hospitales y centros de salud porteños. Ante estos hechos la AMM y la Federación de Profesionales han convocado a un paro de 24 horas (sin asistencia) en los 33 hospitales y 43 CESAC de la ciudad, para el jueves 21 de julio.

 

Según informo la subdirectora del hospital María A. Martín, el agresor “es una de las personas que vive alrededor del hospital y pernocta acá; presuntamente, es un adicto que quiso ingresar al quirófano” en busca de drogas e insumos (Télam 16/07).

 

La medida aislada apunta a reclamar mayor presencia policial en los hospitales y a modificar el Código Penal, en ese sentido, la AMM presento el último 6 de julio un proyecto de ley de reforma de dicho código para que “los ataques al equipo de Salud sean considerados como un agravante del delito de lesiones”. Pero estas agresiones son el resultado de una descomposición social de la que el hospital público es una caja de resonancia. Militarizando y aumentado la penas no se evitan estos incidentes.

 

El gobierno macrista ha agravado el derrumbe de la salud pública -con el concurso de la burocracia de AMM- , deterioro edilicio y falta de obras de remodelación y ampliación, déficit de insumos, vaciamiento tecnológico, reducción de camas, falta de personal y bajos salarios. Mientras se acrecienta la demanda de atención en los hospitales y Cesac, los pacientes siguen siendo víctimas de un sistema que los obliga a pernoctar en los para conseguir un turno. Por lo tanto, el paro de la AMM es sólo para cubrirse las espaldas.

 

Los reclamos frente a la violencia de la que son víctimas los trabajadores de salud no puede ser encabezados por la AMM ni por la Federación de Profesionales, estas asociaciones están integrados al gobierno de Cambiemos, al que han aportado funcionarios en los ministerios de salud de CABA, Provincia y Nación, por lo tanto son cómplices de su política sanitarias.

 

Un gobierno y un régimen responsables de miles despidos, paritarias a la baja y en cuotas, tarifazos, devaluación e inflación del 30% y de elevar del 25% (la herencia K) al 42% la pobreza en los primeros 6 mese sólo puede respaldarse en el garrote policial para enfrentar los reclamos sociales. La primera víctima es el paciente y el primer victimario el Estado.

 

Los trabajadores de salud somos también las víctimas de este régimen de explotación que violenta diariamente nuestras condiciones materiales de subsistencia.

 

Cambiar las relaciones que generan violencia requiere de la intervención independiente de los trabajadores de salud, de superar a estas conducciones y recuperar los sindicatos y de desarrollar un programa de salud que garantice la cobertura integral de prestaciones sanitarias al conjunto de la población.