El viernes 10, los trabajadores cordobeses ocuparon nuevamente el centro de la vida política provincial y nacional. El paro general y la movilización (ésta sumó a más de 10.000 manifestantes), unieron al proletariado industrial con los empleados públicos y los docentes, con los trabajadores de las empresas de servicio, después de 9 años en que a pesar de innumerables y aguerridas luchas los explotados no lograban golpear juntos y al mismo tiempo.

El paro fue masivo, fundamentalmente en el cordón industrial, en las escuelas y oficinas públicas; arrastró a trabajadores de todos los sectores de la vida económica provincial (a excepción del comercio) y contó con la simpatía manifiesta de la población. Estuvo motivado por los más variados reclamos y reivindicaciones: contra los bajos salarios, los ritmos infernales de producción, la pérdida de conquistas (“flexibilización” laboral), la desocupación, el deterioro abierto y creciente de la salud pública (y las obras sociales) y la educación.

El paro estuvo precedido por un reguero de luchas. Se revela un salto cualitativo en la situación provincial, a partir del papel protagónico que comienzan a tener los obreros de las automotrices y de la alimentación. Las luchas obreras se desarrollan en el corazón de la “reactivación” cavalliana y ponen al descubierto su verdadero rostro (superexplotación, miseria), sus reales alcances y limitaciones.

Las luchas obreras y el paro general también han desnudado la crisis profunda de las direcciones sindicales burocráticas, que hasta ahora habían apoyado las políticas capitalistas, o se habían adaptado a ellas (como en la admisión de la liquidación de convenios y en el ingreso a la “propiedad participada”); es por esto que en esta ola de luchas la burocracia debió enfrentarse a la ira obrera. El paro no surgió por una decisión de las direcciones sindicales sino a pesar de ellas, les fue impuesto por la iniciativa obrera. José Rodríguez y Campellone, dirigentes del SMATA, fueron abucheados en la asamblea de Ciadea, mientras el paro era votado (junto con el quite de colaboración en fábrica) por una asamblea de 2.500 mecánicos. En Cormec, la bronca de los trabajadores frente al arreglo salarial de la burocracia obligó a ésta a huir de fábrica, y ha abierto una crisis entre la dirección del gremio y la CI. La directiva nacional de la UOM debió soportar los reclamos y críticas del congreso de delegados regional (uno de los más masivos que se recuerde) y la exigencia de un plan de lucha nacional. En el gremio docente, una asamblea de delegados departamentales de Capital ratificó, el viernes 3, el paro que la junta ejecutiva provincial (y la de Capital) había levantado en virtud de la convocatoria al paro general del 10; el paro se cumplió masivamente (ver nota).  El abierto rechazo de los trabajadores a las AFJP, en las cuales la burocracia actúa como socia, ha provocado una quiebra entre los trabajadores y la dirección y entre ésta y los delegados; esto se puede ver en la UOM, en la Alimentación, etc. Los enfrentamientos contra la burocracia se verificaron en la propia movilización, a través de la ausencia de una columna organizada de trabajadores de Cormec (que sí pararon masivamente), en la minoritaria presencia de docentes de Capital en la columna de la UEPC y en el tamaño relativamente chico de la del SMATA.

La movilización tuvo una alta adhesión de trabajadores no organizados (es decir, no encolumnados con algún gremio) e incluso contó con la presencia de un grupo de sacerdotes. Todo esto, además de la simpatía de los transeúntes (se tiraban papelitos desde las ventanas de los edificios), revela la profundidad de la lucha y los alcances del deterioro y desquicio social provocados por la política patronal.

Giro político

Los acontecimientos que se vienen desarrollando en Córdoba revelan un giro en la situación política La iniciativa ha pasado a los trabajadores y el gobierno y la patronal actúan a la defensiva. Angeloz recibió por primera vez en la historia a una delegación de dirigentes sindicales en medio de una medida de protesta (revela el fracaso del Consejo Económico Social). El gobernador trató de contemporizar con los reclamos obreros trasladando la responsabilidad al gobierno nacional, pero allí estaban los docentes, los empleados públicos, los médicos y las enfermeras que denunciaban la política del gobierno provincial. Angeloz había dicho hace un mes que “se acabó el ajuste sin costo social”; la movilización obrera coloca al gobernador en las peores condiciones para implementar una política de guerra contra los trabajadores (privatizaciones, despidos, aumentos de tarifas, congelamiento salarial, etc.).

La situación plantea la necesidad de profundizar estas tendencias de lucha para la conquista de las reivindicaciones. En estos días están convocadas asambleas en gremios y fábricas para discutir la continuidad de la lucha, los reclamos por convenios y las escalas salariales. Se impone la denuncia de los convenios colectivos (que han impuesto la “reforma laboral”), la exigencia de un básico de 1.000 pesos y la convocatoria a un plenario de delegados de base de todo el movimiento obrero para resolver un plan de lucha y la exigencia de un paro nacional para golpear junto a los trabajadores del resto del país.