Los abajo firmantes rechazamos el intento de procesamiento a Raquel Blas, Roberto Macho y Federico Lorite, las primeras víctimas del protocolo antimanifestación a raíz de la movilización practicada en Mendoza en el marco del paro nacional de ATE del día 24 de febrero. 

 

Rechazamos el continuismo y agravamiento de la criminalización de la protesta social, en el marco de una política represiva del gobierno nacional y los gobiernos provinciales, el reforzamiento las fuerzas represivas y el sistemático amedrentamiento de los trabajadores que reclaman por salario, condiciones de trabajo, contra los despidos y suspensiones o por otros derechos esenciales. 

 

Raquel, Roberto y Federico son los primeros luchadores populares que imputan por un paro nacional y movilización de su organización gremial mediante el nuevo protocolo. Rechazamos la utilización del artículo 194 del Código Penal, heredado de una dictadura militar, y de todos los tipos penales usados capciosamente contra el derecho a la protesta popular.