“Esto va a ser como en Colombia”. La amenaza, clara, brutal, explícita, la formuló un ejecutivo petrolero al secretario de Seguridad Interior de Santa Cruz, Luis Tibiletti, en un hotel de Las Heras propiedad de Repsol-YPF. Así, el hombre prometía que, si el gobierno retira a la Gendarmería, las empresas organizarán grupos armados parapoliciales y los pondrán frente a sus trabajadores.

 

De todos modos, la advertencia llegó tarde, porque ese pequeño ejército de sicarios ya está organizado hace rato, y hasta policías que se niegan a identificarse denuncian que detrás de ellos está el asesinato del oficial Jorge Sayago. Hasta el momento, esa muerte fue lo mejor que podía sucederles a los dueños de yacimientos petrolíferos, porque con ella lograron por un momento correr la discusión de lugar, hacer que pasara a segundo plano la lucha por el salario, contra el impuesto al salario, por la incorporación a planta de los “tercerizados”.

 

En las provocaciones patronales se entremezclan las internas policiales de la provincia, que se sienten particularmente en Las Heras. La comisaría del lugar no sólo carga con denuncias constantes por torturas y apremios de todo tipo, sino con el asesinato, dentro de sus dependencias, del oficial ayudante Alejandro Chocobar, muerto en su propia cama el 15 de agosto de 2005. Hasta hoy, la Policía intenta presentar aquella muerte como si se hubiera tratado de un suicidio, pero su familia insiste en investigar el crimen. En ese caso, demoraron cuatro meses en hacer la autopsia a un cadáver “suicidado” que presentaba dos (sí, dos) balazos en la cabeza.

 

En el caso de Sayago ha sucedido algo parecido. No se cercó la zona, al punto que los chiquillos correteaban por el lugar horas después de la caída del oficial y los perros lamían los rastros de sangre, e incluso se le negó la debida atención, como si alguien hubiera querido asegurarse de que el policía no quedara vivo. Incluso las denuncias de la mujer de Sayago han apuntado desde el primer momento a la desprotección en que se dejó a su esposo, antes que contra los manifestantes.

 

Otro testigo (Página/12, 18/2), de nombre Jorge, vecino de la seccional, declaró: “El GOE (Grupo de Operaciones Especiales) suele venir y meter palo. Esa noche ellos también dispararon con plomo. Arriba del techo de mi casa quedaron varios balazos. Y a un pibe que tiene un Peugeot 206 le dieron un tiro que no es de 22, es de 9 milímetros. Cuando todo terminó, unas mujeres policías salieron a buscar las vainas servidas de ellos”.

 

Por lo demás, hasta la detención de Mario Navarro tuvo todo el aspecto de una provocación orientada a que ocurriera lo que ocurrió. Por eso el abogado Ramón Amaya, un penalista conocido en la provincia, dice: “Aquí hay una mano negra que genera la violencia”.

 

Mientras tanto, la policía provincial, que el año pasado se autoacuarteló y hasta manifestó por las calles en protesta por una serie de demandas, es brutal, pero reconocidamente inexperta, falta de profesionalidad. Además, no dejan de señalar su disconformidad porque ganan la mitad que sus colegas de Chubut y tienen que comprarse sus propios uniformes. Continuas purgas hacen que comisarios desplazados denuncien porquerías internas —asesinatos incluidos— que resultan sorprendentes.

 

Ahora, las petroleras alimentan con dinero y provisiones a Gendarmería, que trabaja en coordinación con los parapoliciales de las empresas y, por supuesto, odia a la policía local igual que la población, aunque por supuesto debido a razones distintas.

 

“Milicos putos”, dicen las paredes de todo Las Heras. Y en el colegio secundario los muros muestran el símbolo de cuatro puntos que rodean a un quinto. Ese signo significa “muerte a la policía”.

 

En definitiva, este caso tuvo todo lo necesario para que el grupo “colombiano” de Repsol y las otras petroleras pudiera actuar como lo hizo.