-Exclusivo de internet

El convenio colectivo firmado recientemente por parte de la Federación petrolera y un grupo de “paritarios colaboradores” está lejos de las aspiraciones de los trabajadores.

En realidad, el “nuevo” convenio es en un 80 por ciento similar al anterior:

-El convenio permite el “contrato determinado”, el cual habilita al despido en un par de meses -algo que se practica principalmente en las empresas de torres, remediación ambiental y operaciones especiales.

-Otorga una licencia por maternidad de sólo dos días, cuando las leyes de la administración pública provincial y municipal habilitan al agente varón a una licencia de quince días corridos a partir de la fecha de nacimiento de su hijo.

-En cuanto al permiso de examen para rendir en enseñanza secundaria o universitaria, lo limita a dos días, con un máximo de diez por año (en la administración pública son siete y un máximo de 28 al año).

-Sólo otorga cuatro días por año calendario para la atención de un familiar directo enfermo que requiera internación, cuando en el Estado son diez con posibilidad de prórroga a veinte días más.

-El “nuevo” convenio no contempla la licencia por maternidad ni hora de lactancia para las compañeras mujeres. Tampoco para donar sangre o para atención de un hijo discapacitado. No habilita a licencias para ser candidato gremial o en elecciones generales. Por otra parte, limita a veinticuatro horas el período para denunciar un accidente laboral.

-Aunque permite que se declaren insalubres los lugares contaminantes, se trata -sin embargo- de un saludo a la bandera, ya que la Subsecretaría de Trabajo jamás va al campo a realizar las investigaciones que permitan declarar el ambiente insalubre.

-El convenio plantea el examen anual médico. Pero las empresas que lo realizan sólo verifican la audición, el peso, la presión arterial y radiografías. Es un examen incompleto, que jamás detecta trastornos que sean resultado del trabajo. El rol de las ART es nefasto: muchos compañeros padecen hernias de disco y graves secuelas que son resultado de la contaminación.

-La bonificación por antigüedad es de 28 pesos, una verdadera burla para los compañeros más antiguos.

-Ante el fallecimiento del obrero, el convenio no asegura la vacante para su hijo. Apenas señala que “se lo tendrá en cuenta”.

-Tampoco asegura feriados fundamentales como el 13 diciembre (día del petróleo), el 25 diciembre o el 1º enero. Su cumplimiento está supeditado a “si debe seguir produciendo la operadora”.

-El tiempo para comer se reduce a 45 minutos, mientras “no altere el normal funcionamiento del equipo”. Por lo tanto, el derecho mismo a poder comer queda a criterio de los jefes.

-Por si todo esto fuera poco, se establece un aporte mensual de 2% del sueldo para la Federación, en concepto de “programas socioculturales” (una coima legal de casi cinco millones de pesos por mes, que no salen de las operadoras, sino del bolsillo de los trabajadores).

De los topes salariales que impiden el cobro de las asignaciones familiares, del impuesto a las ganancias, del 82% cuando nos jubilamos, del 3% para tratamientos complejos y odontológicos (que el gobierno retiene pero no entrega a las obras sociales) no dice una palabra.

Este es el convenio de “paritarios” que nadie eligió, sin asambleas que aprueben un pliego de reclamos, sin plenarios de delegados que lo analicen y consulten a los trabajadores petroleros; en fin, es el convenio de una dirigencia ligada a los intereses de las patronales y al gobierno de turno, y no a los obreros.

El próximo 25 abril, cuando se cumpla un año de la intervención, llamamos a todos los petroleros a que declaremos el estado de alerta y hagamos asambleas en cada empresa para terminar con la Intervención, también para que se hagan las elecciones que nos devuelvan nuestro sindicato.

¿Quién defiende a los trabajadores petroleros?

Desde hace más de un mes, sigue el tire y afloje entre el gobierno y el grupo Repsol-Eskenazi por la reversión de las áreas petroleras.

En Neuquén, Pereyra, el secretario general del Sindicato Petrolero, se puso decididamente del lado de las petroleras en una solicitada del 20 de marzo de 2012, donde expresó, entre otras cosas, que “Estamos claros de la falta de inversiones por parte de algunas empresas, inclusive en mantenimiento y seguridad, pero no estamos de acuerdo con decisiones inconsultas, confrontativas y apresuradas que nos perjudican abiertamente”

En Chubut, Mansilla acompañó y apoyó al gobernador Buzzi en el acto realizado en el límite de Ramón Santos, para el que movilizó una gran cantidad de petroleros para apoyar al gobierno que prepara una nueva entregada a capitales privados.

El Sindicato de Santa Cruz, intervenido por Federación, no fue ni llamó a participar del acto a los petroleros de zona norte, lo que trajo el enojo de Peralta, Cotillo y Córdoba (los mismos que, el año pasado, mandaron a reprimir, procesar y encarcelar a los petroleros que reclamaban por sus derechos).

Pasado el ruido inicial de la “nacionalización” o recuperación de la “soberanía”, va quedando claro que sólo se trata de una nueva repartija de negocios.

Mientras tanto, siguen las suspensiones y despidos, el impuesto a las ganancias se lleva una parte de nuestros salarios, el 82% móvil ha sido sacado de la discusión y el nuevo convenio mantiene el atraso salarial mientras la inflación sube día a día.

Es evidente que la solución a los problemas de los petroleros no vendrá de la mano de las operadoras ni de los gobiernos -los que les permiten a éstas todo tipo de atropellos, mientras se reprime a los trabajadores.

Tampoco de la burocracia sindical, la que se pone del lado de las empresas o del gobierno, según convenga. Mucho menos de la intervención, la cual mantiene desamparados a los petroleros de Santa Cruz.

Somos un grupo de trabajadores petroleros defraudados por la vieja dirigencia (que entregó el Sindicato a Federación), cansados de tantas mentiras y dirigentes que sólo buscan beneficios personales. Hacemos un llamado a todos los delegados y compañeros honestos y luchadores que hay en nuestro sector para conformar una agrupación que sea independiente de las empresas y las operadoras; de la Federación y de la Comisión anterior.

Es necesario que el próximo 25 de abril, fecha en la que se cumple un año de la intervención, hagamos asambleas en cada empresa y juntemos firmas con un petitorio que exija la asamblea general en la que se elija la Junta Electoral para que ésta haga urgente el llamado a elecciones y así nosotros, los petroleros, decidamos quién nos representa y quién firma los aumentos salariales y el Convenio Colectivo.