Un ex trabajador de la empresa “El último Querandí”, que operó en la ciudad bonaerense de Villa Gesell hasta febrero de 2018, publicó este fin de semana una carta en medios locales más que reveladora del accionar rapaz de la clase capitalista y de la complicidad con que cuenta en el poder político.

El chofer, uno de los 70 despedidos por el empresario Gustavo Pereyra cuando la empresa dejó de funcionar, denuncia allí que le niegan tanto a él como a sus compañeros desocupados tanto el mísero Ingreso Familiar de Emergencia dispuesto por el gobierno (de 10 mil pesos) como la Asignación Universal por Hijo y cualquier programa social. El motivo es que Pereyra, en función de no indemnizarlos, viene aportando 10 centavos mensuales por cada uno, de modo que no están dados de baja en el Anses. Este afecta no solo a ellos sino a todo su núcleo familiar, impedido también de cobrar tales asistencias.

A este fraude laboral en complicidad con el Estado nacional se suma el accionar del intendente de la localidad, Gustavo Barrera (Frente de Todos). Como denuncia el trabajador en su carta, para que los trabajadores fuesen en su momento absorbidos por la siguiente empresa de transporte, Nacus, el mandatario puso como condición excluyente que renunciasen a El último querandí. Algo que muchos trabajadores rechazaron de plano, ya que ello suponía no solo el no pago de la indemnización por parte de Pereyra, sino la renuncia a la antigüedad -que oscila entre 3 y 25 años según el caso- dentro de la nueva empresa.

 “Somos trabajadores que nos la rebuscamos con distintos tipos de empleos desde que nos arrebataron la fuente laboral del transporte, que tenemos una familia que sostener, pero que en esta situación de aislamiento obligatorio nos encontramos sin empleo”, señala sobre el final de la misiva. Tras dar cuenta del sinfín de trámites ante organismos y funcionarios que han llevado adelante, concluye que “todos los sectores que tienen que responder nos están dando la espalda”.

En ellos incluye no solo a los empresarios y al Estado, sino también a los referentes de la gremial UTA, a quienes acusa de haberlos “vendido”.

Nuestro planteo

En ocasión de este conflicto, desde el Partido Obrero nos pusimos a disposición de las decisiones que fueran tomando los trabajadores, acercamos nuestra solidaridad al acampe que hacían frente al municipio, invitamos a las mujeres de los choferes a intervenir el 8M como una comisión de mujeres levantando alto el reclamo de las fuentes de trabajo y colocamos una mesa de agitación en el centro de la ciudad para concitar apoyo a la lucha y convocar a la población a organizarse en defensa del transporte público.

La situación actual que viven los trabajadores reafirma la justeza del planteo de fondo con que acompañamos una lucha: una enérgica campaña por la estatización de la empresa bajo el control de trabajadores y usuarios; la absorción de todos los despedidos, reconociendo su antigüedad y todos sus derechos laborales, incluido el de organizarse sindicalmente; y estableciendo que el costo de boleto, frecuencias y recorridos sean definidas por asambleas barriales según las necesidades. Esta orientación la expusimos en un proyecto de ordenanza presentado, con centenares de firmas, en apoyo al Concejo Deliberante. El proyecto –que reproducimos al fin de esta nota- fue ignorado por todas las fuerzas políticas que integran el organismo, tanto el oficialismo como la oposición de Luis Baldo (Cambiemos).

A la luz de los hechos, reclamamos una inmediata solución que dé respuesta a lo que reclaman los trabajadores, ya sea por su indemnización o por la devolución de sus fuentes de trabajo reconociendo todos y cada uno de los derechos laborales adquiridos, antigüedad y salario según Convenio Colectivo de Trabajo.