En la tarde del lunes 9 de setiembre, la Comisión de Presupuesto de la Legislatura dio su aval al proyecto de ley que plantea la expropiación de los activos de la empresa Ghelco. El proyecto exceptúa al inmueble, que continúa en manos de sus antiguos dueños y para el cual sólo se ha dispuesto una “ocupación transitoria” por dos años, en cuyo transcurso los trabajadores deberán pagar un alquiler.

Originalmente, esta reunión de Presupuesto debía aprobar también la ley de expropiación de la gráfica Chilavert, proyecto que había tratado la Comisión de Desarrollo Económico en conjunto con el de Ghelco. Pero los diputados objetaron el proyecto de Chilavert, porque éste sometía a expropiación las instalaciones y también el inmueble donde funciona la gráfica desde hace cincuenta años Los diputados afines a Ibarra condicionaron la aprobación del proyecto al “desguace” de Chilavert, declarando sujeto a expropiación solamente las máquinas. Entre este condicionamiento, por un lado, y el del juez de la quiebra, por el otro (que ya le puso fecha cierta al remate de las instalaciones), los trabajadores debieron aceptar esta nueva limitación a su proyecto de gestión obrera.

Antes de terminar la reunión, uno de los compañeros de Chilavert realizó una reflexión de cara a los diputados: “Tengo bronca con esto que está pasando. Bronca con ustedes, pero también conmigo. Yo voté, en la asamblea de trabajadores, para mantenernos dentro de la ‘legalidad’”. El compañero se refiere a que la puesta en marcha de la fábrica y de la autogestión obrera fue supeditada al cumplimiento de todos los procedimientos que, sucesivamente, fue exigiendo el juez, quien hasta el día de hoy no autorizó la puesta en marcha de la gestión obrera. Entre estas exigencias, están las de conformar un depósito de dinero, obtener un seguro de caución y un garante. Y finalmente, lograr la aprobación de una ley. “Por aceptar esa ‘legalidad’ – concluyó el compañero – seguimos parados”. Los trabajadores señalaron que, si una nueva demora burocrática los colocaba a la puerta del desalojo judicial, “vamos a poner el cuerpo contra cualquier intento represivo”.

La reunión exhibió el “repertorio” de las maniobras del Estado y sus representantes contra la gestión obrera. Pero también la profunda reflexión que se está procesando entre los trabajadores.