La reactivación del Astillero Río Santiago tiene como punto de partida la desvalorización salarial. La mano de obra barata es la “ventaja comparativa” de los armadores. Por eso la burocracia de ATE, que integra la conducción empresarial del Astillero, sabotea la lucha salarial.

Con el astillero reactivado, el control obrero es una cuestión decisiva. No sólo para fijar las prioridades de los trabajadores y en primer lugar el aumento salarial; sino también para impedir que la reactivación se pague al costo de la superexplotación obrera. Pruebas al canto: la patronal “regionalizada” del ARS no quiere incorporar los 1.000 nuevos puestos de trabajo que necesita el Astillero y busca lucrar con la extensión de la jornada laboral pagando horas extras de hambre.

El control obrero es la contracara de lo que vienen haciendo ATE y la “fiscalizadora” que integran la CCC, el MST y el PTS, que apoyan en bloque las “leyes navales” que desde el 2002 están paradas en el Congreso. Estas leyes “nacionales”, que tuvieron como promotores a Brown, Ubaldini y Díaz Bancalari, son enteramente patronales.

Estas leyes, en los artículos 19 y 22, plantean un subsidio para los “armadores nacionales” y la reserva del 50% de las cargas. Constituyen un Fondo para el Desarrollo de la Industria Naval Nacional (Fodinn), al cual el Estado debería destinar el 0,5% del presupuesto.

Estas leyes han recibido el apoyo de Izquierda Unida (la diputada Walsh en el Congreso), y el MST las calificó como “antiimperialistas”. Los delegados obreros fiscalizadores del ARS han entrado ahora al congreso de ATE como recompensa por los servicios prestados y, sobre todo, porque se mantienen al margen de los reclamos salariales.

Lo que se presenta como el fomento a una “auténtica flota mercante nacional” es un negociado que cobija a los armadores extranjeros. Para recibir el subsidio basta con que el armador esté radicado en la Argentina y haga los aportes correspondientes. El régimen comprende también a la llamada “flota provisoria”, que son los buques alquilados o de “importación transitoria”, lo que da lugar a todo tipo de asociaciones con los armadores extranjeros. Como los subsidios corren para los clientes de la “industria naval nacional”, los fondos pueden ir a armadores extranjeros, como el cliente alemán del ARS.

La burocracia de ATE y los “fiscalizadores” reivindican que las leyes garantizan trabajo, lo cual es falso; apenas se revelúe el peso, el ARS entrará en crisis. Los subsidios a la patronal son un negociado; el cuento del trabajo es para congelar salarios e imponer el alargamiento de la jornada.

Estas leyes son patronales y su propósito es atacar la lucha salarial y acentuar la flexibilidad.